Sánchez recuperará la reforma tumbada por el Constitucional en una proposición de ley

Sobre la mesa hay muchas opciones. La más sencilla sería convertir las dos enmiendas que el PSOE y Unidas Podemos colaron de rondón en la reforma del Código Penal que deroga la sedición y rebaja las penas de malversación en una proposición de ley autónoma, un texto legislativo nuevo que modifique los artículos que el Constitucional exigió retirar por una cuestión de procedimiento legislativo, que es en realidad lo que recurrió el PP en su recurso de amparo. Más País ya la ha registrado. Podría habilitarse el mes de enero y tramitarse por la vía de urgencia; lo que no llevaría más de un mes.

Fuentes parlamentarias confirmaron ayer a última hora de la tarde que esa es la opción que se está manejando y que es probable que el texto definitivo, que ya se negocia entre el PSOE y algunos de sus aliados parlamentarios, se presente incluso si pudiera ser esta misma semana para que pueda aprobarse «lo antes posible», sin especificar si se buscará o no un trámite abreviado. La proposición de ley es de por sí una vía más rápida que la del proyecto de ley del Ejecutivo, que requeriría solicitar los informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el propio CGPJ, algo que la Comisión Europea considera que debería hacerse.

El problema es que, aunque ese cambio permitiría que el actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos conservadores, fueran sustituidos por el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Presidencia Laura Díez -lo que ya daría a los progresistas la mayoría que ahora se les niega en el tribunal- no forzaría el relevo en el CGPJ, que cumple este mes cuatro años bloqueado.

Ese otro propósito, el nudo gordiano de toda esta crisis institucional, exigiría a Sánchez acometer otra reforma legal. El motivo es la negativa del PP a cumplir con la renovación exigida por la Carta Magna en tanto en cuanto se mantenga la reforma diseñada para librar a los responsables del 'procés' de la cárcel y para reducir al máximo las penas de inhabilitación que les fueron impuestas (caso del líder de ERC, Oriol Junqueras) o que les puedan ser impuestas en el futuro (caso de Lluis Salvadó y Josep María Jové, presidente y secretario general adjunto del mismo partido, o del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont). Pero, en principio, las mismas fuentes aseguraron ayer que no lo hará.

Unidas Podemos lleva meses animando a los socialistas a recuperar la proposición de ley, que presentaron y acabaron retirando ante las advertencias de Bruselas, para rebajar de tres quintos a absoluta la mayoría necesaria para que el Parlamento designe a los nuevos vocales. Es decir, para que se pueda prescindir del primer partido de la oposición. En el grupo socialista replican ahora que esa medida se enfrenta al inconveniente de que es la propia Constitución la que dice que los vocales que han de elegir las Cortes de entre abogados y otros juristas de «reconocida competencia» deben serlo por mayoría de tres quintos y que la rebaja solo podría afectar, pues, a la elección de los doce que han de elegirse entre jueces y magistrados. Además, admiten que no tienen intención de ir al choque con la UE.

Los morados, que se han apeado de la idea de desobedecer al tribunal por expresa petición de los socialistas, también defienden acudir a los tribunales e incluso llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Aunque la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, apuntó que el Gobierno estudiará la resolución y los votos particulares antes de dar cualquier paso, Sánchez no se pronunció en ninguna dirección concreta. Sí alegó, no obstante, que la decisión de la corte «no tiene precedentes tampoco en ningún país europeo». Además, la tachó de «hecho grave». «Por primera vez se impide a los diputados elegidos su labor de representación», denunció. «Comparto la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la soberanía popular como es el de la legislación, el del debate y el de la legislación -llegó a afirmar- y comprendo la preocupación de la ciudadanía».

En la retórica del Gobierno hay una cierta contradicción. Las llamadas de Sánchez a la confianza en que el Estado de derecho prevalecerá, la afirmación de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de que lo ocurrido no afectará a las inversiones extranjeras porque «lo que estamos viendo es el normal funcionamiento de las instituciones» y el alborozo por el hecho de que el Senado aprobara ayer la ley primordial del Gobierno, los Presupuestos, chocan con el argumento de que desde el TC se ha cometido un «atropello democrático», que ha querido «silenciar al Parlamento» o que, como llegó a decir el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, se ha dado un golpe de togas.