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PNV y EH Bildu aportaron 11 votos clave para aprobar en el Congreso la polémica reforma judicial cuya tramitación en el Senado ha frenado ahora el Tribunal Constitucional. Así que no es de extrañar que las dos familias del nacionalismo vasco se posicionaran ayer claramente ... en contra del paso dado por el órgano de garantías. Los jeltzales hablaron de una «invasión de la inviolabilidad» de las Cortes Generales aunque recetaron «calma» para que el conflicto institucional no se traslade al plano social, mientras que la coalición soberanista llamó directamente a «depurar la hipoteca del régimen del 78» tras la «ilegítima» decisión adoptada por la corte.
Por el PNV, Aitor Esteban dio por hecho que, de una u otra forma, la reforma acabará aprobándose, aunque también constató que surgirán nuevas «artimañas» para tratar de obstaculizarla. El portavoz jeltzale en el Congreso admitió que la tramitación de estos cambios legales -que su grupo apoyó- no ha sido la más ortodoxa por basarse en la introducción de enmiendas en una iniciativa relativa al Código Penal y por la celeridad en el proceso legislativo. En todo caso, pidió no caer en la «excitación» porque una movilización en las calles, tal y como planteó Unidas Podemos, «podría venir bien a los promotores del recurso», en referencia al PP y a Vox.
Por EH Bildu, Mertxe Aizpurua tachó de «gravísima» la decisión del Constitucional. Se trata, dijo, de «un golpe judicial» contra la «representación legítima emanada en las urnas». La formación abertzale cree que la corte de garantías representa uno de los «pilares del régimen del 78» que ahora, cuatro décadas después, «hay que depurar para apostar por la democratización profunda que necesita el Estado». Así, Aizpurua llamó al bloque de la investidura a aliarse frente al «órdago de la derecha política y judicial» y se puso a disposición de las iniciativas que pueda presentar el Ejecutivo o sus grupos parlamentarios en la Cámara baja para terminar con el bloqueo judicial.
También el Gobierno vasco mostró ayer su preocupación ante el clima de «confrontación total» que observa en el escenario político nacional. Tras la reunión semanal del lehendakari con sus consejeros, el portavoz de la coalición PNV-PSE, Bingen Zupiria, denunció las «expresiones más claras de la politización de la Justicia» con unas decisiones que «cuestionan gravemente el escenario de una gobernanza democrática, tal como está establecida en la Constitución Española». El también titular de Cultura y Política Lingüística advirtió, además, del «riesgo grave» de que la política sea percibida, «una vez más», como un instrumento incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía.
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