«Necesitamos una memoria deslegitimadora, crítica e inclusiva, no solo enfocada a las víctimas, sino a construir una sociedad decente». La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, dibujó ayer las líneas maestras de un mandato con el que pretende dar pasos « ... hacia la gratuidad de la Justicia, implantar un nuevo modelo penitenciario y abrir un ciclo en las políticas de memoria».
Publicidad
Y ahí entra en juego la deslegitimación del terrorismo y el intento de que la simbología etarra desaparezca de las calles. En su comparecencia ante el Parlamento vasco, San José defendió que «no es razonable que los rostros de los victimarios y los símbolos que los representan ocupen el espacio público», en alusión a los carteles de apoyo a reclusos de ETA, y avanzó que implantará un régimen sancionador para evitarlo. En este sentido, recordó que ley autonómica de Memoria Histórica ya lo prevé para casos de enaltecimiento del franquismo. También recalcó que habrá un nuevo protocolo de información a las víctimas sobre las progresiones de grados -u otros cambios de situación- de sus victimarios.
Noticia relacionada
El nuevo equipo de la consejera socialista revisará los materiales educativos sobre el terrorismo. «Herenegun es un proyecto piloto en el que hay que valorar y actualizar la experiencia, al igual que Adi-Adian, donde estamos escuchando las aportaciones de las víctimas», que son quienes visitan las aulas.
La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz recibió a San José con un llamamiento a «una memoria compartida, de todos, porque lo vivido atraviesa muchos cuerpos y todos deben poder hablar». San José replicó que «este departamento no va a entrar en esa batalla de los relatos que marca la teoría del conflicto. Las vulneraciones de derechos fueron resultado de la decisión de alguien y no de conflictos».
Publicidad
Laura Garrido (PP) reclamó «un relato veraz, sin equidistancias» y criticó duramente que «la transferencia de Prisiones les ha desbordado completamente». En ese aspecto, San José anunció que esperan terminar antes de fin de año la Relación de Puestos de Trabajo de Prisiones, un paso necesario para la primera OPE de funcionarios de prisiones vascos. Asimismo, anunció que mantendrán el acuerdo con el sindicato mayoritario, Acaip-UGT. Es uno de los asuntos delicados del área, con un déficit estructural en los centros penitenciarios.
Amaia Martínez, de Vox, le advirtió que «hay quien la ve ya como la que liderará la puesta en libertad de los 130 presos de ETA que quedan» y se interesó por saber «si va a ser imaginativa, como le pide Azkarraga». San José zanjó el asunto con una frase: «Que nadie espere un trato diferente para los presos de ETA, aunque sería bueno que salgan reconociendo el daño causado». Esa idea de reconocer lo que se ha hecho se extenderá «al mayor número de delitos posibles».
Publicidad
La consejera también reconoció que es necesario aumentar el número de juzgados, un asunto que ya ha abordado con el ministro Félix Bolaños. San José concretó que mantendrá «el equilibrio territorial» entre provincias. «Teniendo en cuenta nuestras competencias, dotaremos de medios y servicios adecuados y suficientes para mejorar la calidad de nuestros servicios», avanzó. También prometió avances en materia lingüística, algo por lo que habían preguntado tanto PNV como EH Bildu.
Accede todo un mes por solo 0,99€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
A la venta los vuelos de Santander a Ibiza, que aumentan este verano
El Diario Montañés
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.