«Se puede criticar el indulto pero todos los han concedido; hay mucha hipocresía»

- ¿Cómo está viviendo la polémica por los indultos?

- Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por desdramatizar. No se ha dejado de discutir sobre la figura del indulto desde la Constitución del 78, pero no hay ninguna fuerza política de Gobierno que quiera quitarla. Está muy consolidada y no hay ningún Ejecutivo que no la haya empleado y, además, de manera abundante. Cuando el presidente del PP habla de los indultos -en alusión a Pablo Casado-, todo el rato me viene a la memoria que el Gobierno de José María Aznar concedió de una tacada un total de 1.243 indultos el 1 de diciembre de 2000. Las razones que dio es que el Papa había exhortado al perdón y que había un cambio de siglo. Esas fueron las razones que el ministro de Justicia, entonces Ángel Acebes, comunicó al Parlamento. ¿Cuáles fueron las reales? No lo sé. Lo que sí sé es que eso se parece mucho a un indulto general, que no está permitido en la Constitución. Hablamos de una intromisión en la Administración de la Justicia, sí, pero que es legal e insisto, nadie lo quiere cambiar. Hay mucha hipocresía.

- A la hora de conceder esta medida de gracia, el Gobierno tiene que acreditar razones de justicia, equidad y utilidad pública. ¿Cree que están justificados?

- En este caso, el propio ministro de Justicia ha sido claro. No pretenden que el indulto sea justo, ni siquiera que sea justificable en términos de ética individual. Lo que pretende es que se aprecie su utilidad pública, y ahí es donde tenemos que situarnos. Esta cuestión se parece mucho a cuando se invoca la razón de Estado, en el buen sentido. Lo que se puede pedir a un Gobierno es que un indulto sea motivado, que no sea arbitrario, y que se siga el procedimiento. Eso es controlable por los jueces, y yo creo que en este caso están perfectamente adecuados a la ley. Luego estaría un tercer nivel de exigencia, que tiene que ver con que no se empleen instrumentos ignominiosos.

- ¿A qué se refiere?

- Cuando hablamos de razones de Estado, a veces lo que significan es que el medio justifica el fin. Pero los medios no pueden ser ignominiosos. Lo sería si se tratara, por ejemplo, de una amnistía. Y no lo es.

- Eso es precisamente lo que reclaman los líderes soberanistas y el propio presidente de la Generalitat.

- Bajo la perspectiva de utilidad pública, la amnistía no tiene cabida.

- Entonces, ¿usted diría que los indultos pasan el corte?

- Los test los pasa. Se puede ser muy crítico con la institución del indulto, pero yo no veo ninguna razón para pensar que hay causa alguna de ilegitimidad formal ni material. Se ha invocado una utilidad pública, se ha explicado y, como es consecuencia vista, es muy pronto para decir si se han equivocado o no. Además, como es condicionado, es reversible.

- ¿Desprestigia la labor de los jueces?

- Si se hace como se ha hecho, no. En ningún momento se ha puesto como causa del indulto el error judicial. Al revés. No se critica para nada al tribunal. El Supremo ha cumplido con su papel. Ha dicho que el indulto no puede estar motivado en la razón de justicia, y tiene razón. Pero no se han concedido por este motivo. No debiera entenderse como un ataque. El Gobierno ha considerado que, cumplida parte de la pena, el perdón de la parte restante va a servir de utilidad pública. La legitimación para recurrir está limitadísima.

- De hecho, el Supremo rechazó la medida cautelarísima que reclamó Ciudadanos. ¿Qué futuro augura a los recursos?

- Sinceramente, salvo que haya datos que desconocemos, no creo que haya nada reprochable jurídicamente. La legitimidad para impugnarlo tiene que ser de quien tiene un interés directo. Es decir, que mediante un indulto se afectara a derechos fundamentales de personas concretas. Y no es el caso.

- PP y Ciudadanos han hablado de sentirse afectados...

- O hablamos en términos jurídicos o en términos culturales. En el caso de los primeros significa que tu patrimonio se ve percutido... No hay ningún derecho de estas personas que se haya visto afectado, o por lo menos no lo dicen. Si tú no has sido víctima de ese delito, no tienes derecho a que esa persona cumpla condena. Eso no es así.

- ¿En qué lugar deja al Ejecutivo que los beneficiados por la medida la critiquen?

- No es cierto que se haya rechazado. Lo habrán criticado, pero es que estamos en la política del espectáculo. De hecho, han salido de la cárcel...

- En una democracia consolidada, ¿tendría sentido eliminar la figura del indulto?

- Sí, lo tendría. Pero el indulto no es antidemocrático. Es más, puede cumplir servicios a la democracia. Cada año se conceden un mínimo de 400-700 indultos y no hay una alteración social por ello. En todos los países de la Unión Europea el jefe del Estado tiene la potestad de indultar, no somos una excepción. Ahora bien, ¿habría que modificarlo? En mi opinión, sí. Para que sea un complemento de la política judicial. Es decir, que su gestión se residencie en el Poder Judicial y no en el Gobierno. Aunque la decisión última sea del Ejecutivo. De hecho, la mayoría de los indultos se conceden en estos términos, con informes favorables.

- Su relevo en el Tribunal Superior vasco se aplazó en varias ocasiones debido al bloqueo en la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo describiría la situación?

- Es una anomalía institucional muy grave. No lo digo yo, lo dice el Consejo de Europa y el Grupo de Estados contra la Corrupción. Desde el primer momento seguimos anclados donde estábamos. Se concibe como una decisión entre partidos, no como una decisión parlamentaria, y hay dos partidos que juegan a repartirse el botín del vencedor. Mientras no haya una limpieza democrática, mal. Solo hay que ver quiénes están en la mesa de negociación: el ministro de Justicia y el consejero de este área en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, ¿qué tienen que ver estas personas? Mientras estemos en esa práctica irregular, seguiremos al albur de líderes políticos que carecen de competencias. Y el efecto es demoledor. Tienen que cambiar el tablero, ir al ámbito parlamentario. Y si no, habrá que modificar el sistema de elección, y que sean los jueces quienes decidan.

- Eso se pide...

- Bueno, sí y no...

- ¿Cómo?

- Hubo un ministro de Justicia que apostó por esta vía, hasta que hizo cuentas y no le salieron. Alberto Ruiz Gallardón se dio cuenta de que en realidad la fuerza más importante en el ámbito de la judicatura no iban a ser las asociaciones judiciales, sino los no asociados. Entonces, se olvidó...

- ¿Quién tiene la culpa del bloqueo?

- Los partidos políticos que desarrollan una función que no les corresponde.

- ¿Responsabiliza por igual a PSOE y PP?

- Sí, el error es el método.

- ¿Qué le pareció que el Gobierno retirara la reforma para rebajar las mayorías?

- La garantía de los tres quintos es precisamente una garantía, rebajarlo habría sido empeorar la situación e incidir más en la politización de la Justicia.

- ¿Está preparada Euskadi para asumir en octubre la gestión de las cárceles?

- Es perfectamente asumible, más aún con el Cupo. No tiene problemas de financiación y tampoco de infraestructuras. La legislación es la misma, el reto está en mejorar la calidad del servicio de cumplimiento de penas, y tenemos datos positivos. Hay un Instituto de Criminología, se llevan once años de experiencia en justicia restaurativa y la magistratura en el País Vasco ha mostrado mucho interés por este tema. Yo soy muy optimista. ¿Qué falta? Un juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Tenemos uno, yo creo que debería haber otro.

- ¿La judicatura vasca es favorable a este traspaso?

- Sí. Entre los años 93 y 96 fui secretario general técnico en el Ministerio de Justicia y ya entonces trabajé a favor de esta transferencia. Merecía la pena. No ha sido fácil porque hay que tener en cuenta que no tiene retorno electoral, por así decirlo. Además, si te sale bien la transferencia, quienes aparecen como más beneficiados son los jueces, no el partido del Gobierno.

- ¿Qué le parece que se diga que el Ejecutivo autónomo excarcelará a presos de ETA?

- No es verdad que las personas que estén cumpliendo condena por sentencia de la Audiencia Nacional, como es el caso del terrorismo, vayan a depender del juzgado de vigilancia de la comunidad autónoma. Eso es falso.

- El verano pasado, la caída del estado de alarma trajo consigo una ensalada de resoluciones judiciales contradictorias sobre las restricciones. ¿Teme que este escenario se repita?

- Claro no está casi nada, seguimos estando en un cierto embrollo. Hay un gran consenso en términos sanitarios, pero un gran disenso en términos jurídicos. A los jueces se les ha obligado a cogobernar. ¿Cuál es el problema? Sin el paraguas del estado de alarma, es complicado que haya unificación de criterios. Hay que hacer un esfuerzo de ponderamiento y si no se da un fundamento fuerte, es muy difícil que dos jueces puedan tomar la misma decisión. Depende de cada situación y de cada caso en concreto.

- Euskadi ha sido la que más portazos ha recibido...

- Se ha exigido una identificación del título competencial y una fundamentación técnica muy contundentes porque se trata de derechos fundamentales. Es cierto que no ha sido así en todos los sitios, pero es legítimo igualmente. Por ejemplo, el confinamiento en los hoteles de los chavales de Mallorca, si se acredita que eres un contacto estrecho, puedes cantar misa. Pero otras veces las normas no están tan claras y ahí los criterios de los tribunales pueden ser distintos.

- ¿Ha estado la clase política a la altura?

- No han estado a la altura en lo que es la producción legislativa. Tenían que haber abordado, y espero que lo hagan antes de la próxima pandemia, las deficiencias del estado de alarma. Habría que repensar su contenido porque la definición de las medidas no es suficiente. Alemania y Francia lo han hecho. Pero en la Cámara no se ha contemplado la crisis como una cuestión de Estado, sino que se ha utilizado de manera partidista.