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Desde que está jubilado, Juan Luis Ibarra colabora con dos ONG: Pertsonalde y Arco Iris. «En el Contencioso-Administrativo, donde desarrollé treinta años de mi vida judicial, trabajé mucho el derecho de extranjería. Eso me permitió tomar conciencia de que ahí tenemos un reto en ... el que nos va nuestro futuro como sociedad. Si no somos capaces de encontrar una noción de ciudadanía que englobe no solo a los nacionales, sino también a los migrantes que quieren establecerse en nuestro país o que están en tránsito, nos la jugamos. No digo que lo estemos haciendo rematadamente mal, pero no se está haciendo bien. Y es un tema clave, sobre todo, con los menores», advierte.
- ¿Cómo colabora?
- Hago una labor de mentoría, de apoyo a migrantes en ese proceso de integración.
- Habrá seguido de cerca la crisis con Marruecos.
- Esta ha sido como la crisis de los cayucos de Canarias, pero concentrada en Ceuta y en Melilla, dos ciudades autónomas que ya arrastraban un nivel de acogida imposible de gestionar por sí solas. Hace falta un programa plurianual que aborde la situación de esos menores. Identificarles, garantizarles la residencia, darles educación y preparar la vuelta a su país o la integración social en el nuestro. Para eso hace falta un comité interregional de solidaridad que permita distribuir a esas personas entre las diferentes comunidades autónomas. Lo que tenemos no acaba de funcionar.
- ¿Fijar un porcentaje de acogidas por comunidades?
- Eso es. En esto la cogobernanza funciona de una manera precaria. Cataluña y Andalucía son las que más acogen, pero no puede ser una decisión voluntaria. Tiene que formar parte del eje de la solidaridad del Estado de las Autonomías, lo contrario es una anomalía jurídica.
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