El PSE rompe la unidad de la ley educativa y revela «diferencias» con el PNV por los modelos lingüísticos

Tras la firma del acuerdo de bases junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en abril de 2022, un año entero de negociaciones y de sucesivos borradores no ha resultado suficiente para que los socios del Gabinete autonómico hayan llegado a un entendimiento puertas adentro. Ya desde el comienzo el papel de la escuela pública y el peso del euskera en la enseñanza se perfilaron como los dos grandes temas que les separaban. Y al final ha sido el segundo, histórico generador de agrias fricciones en la política vasca, el que se ha confirmado como obstáculo marmóreo para el pacto.

El texto presentado este martes, compuesto por 101 artículos y nueve disposiciones, no hace una sola referencia a la fórmula de modelos lingüísticos por la que se rige la enseñanza en Euskadi desde hace 40 años. En lugar de hablar de los itinerarios A, B y D, se limita a proyectar un «sistema educativo plurilingüe» que sitúe el euskera como «eje» y deja su puesta en práctica en manos de los decretos curriculares que desarrollarán la norma. Aún no están aprobados, pero los borradores remitidos a los centros a comienzos de este curso mencionan directamente al euskera como «lengua vehicular».

Una desaparición de facto del actual sistema diferenciado que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, se ha esforzado en negar –«cualquier familia puede elegir el modelo», ha repetido– pero de la que advirtió incluso la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) del propio Gobierno vasco en su informe. Un aviso que hace suyo el PSE-EE, que dice no compartir «que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales, amparados legalmente por un consenso político muy amplio, sin precisar cómo se va a materializar el modelo plurilingüe que pactamos en el acuerdo de bases».

La formación liderada por Eneko Andueza, que justifica su aval en la reunión por el mero hecho de «no obstaculizar la tramitación», alude también a otros puntos del proyecto de ley que han sido cuestionados en los informes preceptivos. En concreto, a la «indeterminación normativa» del texto y a una posible «invasión de competencias» del Estado por parte de la Administración autonómica, precisamente el escenario inverso al que el PNV denuncia en Madrid con leyes impulsadas por el Gobierno central. La pugna por la ley educativa se suma a otros frentes que jeltzales y socialistas vienen escenificando sin disimulo en plena carrera hacia las elecciones municipales y forales del 28 de mayo.

ELA anticipa huelgas

El proyecto aterriza en el Legislativo autonómico con el previsible apoyo de EH Bildu, con el que el Departamento de Educación ha hecho un especial esfuerzo negociador para tratar de salvaguardar lo que concibe como «un pacto de país». El soberanista Ikoitz Arrese ha insistido en la «ventana de oportunidad» que supone la ley y se comprometió a trabajar «con rigor y responsabilidad» durante la tramitación. Mucho más crítico se ha mostrado Elkarrekin Podemos-IU, la cuarta pata del pacto educativo que ve «incumplido». Miren Gorrotxategi, antes de presentarse el texto, hablaba de la «socavada credibilidad» del Gobierno vasco. Al margen de cualquier opción de acuerdo, PP+Cs, por boca de Laura Garrido, directamente ha denunciado que la norma «pone la educación al servicio del ideario nacionalista».

Entre los sindicatos, disparidad de opiniones. Claramente en contra, ELA, que ya ve «imprescindible» la convocatoria de huelgas contra una ley «que no resolverá los problemas», y CC OO, que observa «una amenaza» a la escuela pública. A favor, LAB, que ve recogidas sus aportaciones, centradas fundamentalmente en las ikastolas. Steilas, mayoritarias en la pública, no ha realizado declaraciones. Por su parte, Kontseilua ha hecho hincapié en que la norma «necesita más euskera».