La falta de personal convierte la competencia de prisiones en una transferencia envenenada

Todos los agentes sociales y sindicales coinciden en percibir cierta precipitación, como si una transferencia prevista hace cuatro décadas hubiera cogido al Ejecutivo de Urkullu con el pie cambiado. El lastre de la falta de personal, una carencia que no comenzó con el traspaso pero que se agudizó notablemente, es el auténtico talón de Aquiles en el nacimiento del modelo penitenciario vasco.

Jaime Tapia, el juez que asesora a Artolazabal, lo resumió en una frase: «Si hubiésemos esperado a tener más personal, a lo mejor no habría traspaso». Esa apuesta por la vía rápida es la habitual. Sucedió también en la transferencia de Justicia en los años 90. Pero las prisiones tienen aspectos espinosos y no sólo porque el cambio afectó a unos 700 funcionarios de prisiones y 1.400 reclusos. Lakua contabiliza ahora 613 funcionarios, incluye ahí sus servicios centrales, que controlan a 1.200 reclusos.

«Ha sido un primer año muy complicado, con muchísimos problemas. Da la sensación de que cuando llegó la transferencia no había habido un trabajo previo suficiente para saber lo que suponía», valora Juan Carlos Díaz, portavoz del sindicato Acaip UGT. Son la fuerza mayoritaria y firmaron en septiembre de 2021 un acuerdo con el Gobierno vasco que aporta estabilidad al salto y garantiza a la plantilla el cobro retroactivo de lo que se pacte en una negociación que acaba en 2023.

«Esto no es una oficina, que empiezas y vas viendo», recuerda Josu Simal, de ELA, uno de los más críticos con la gestión del traspaso. «El Gobierno vasco se ha tirado 40 años pidiendo una transferencia y ahora no sabe qué hacer con ella», protestó en tono airado en la primera movilización celebrada por los funcionarios de prisiones el 9 de septiembre. CC OO, ELA y CSIF advierten de que no será la última porque ven «inadmisible» las diferentes condiciones laborales entre los funcionarios que vivieron el traspaso y los que llegaron en marzo de 2022. «En seis meses, según el acuerdo, debía estar negociada la estructura del sistema y no lo está».

Todos los sindicatos parecen coincidir en que «esta competencia no se ha negociado bien y no sabían al detalle cómo funcionaba esto». «El traspaso de la sanidad de prisiones se estuvo mucho tiempo trabajando y luego se continuó dos años más. Aquello salió bien y esto no».

La falta de algunos productos en el economato -el servicio está externalizado y se ha licitado con algo de retraso con una nueva empresa- ha generado algunas tensiones con los reclusos. La migración informática, el salto entre las plataformas del Ministerio del Interior y las creadas 'ad hoc' por el Gobierno vasco ha dado muchos quebraderos de cabeza. Algunos programas siguen sin funcionar y otros ralentizan el trabajo diario.

Pero lo más visible, la punta de un iceberg de descontento creciente, es la falta de personal, un problema que viene de largo. Es un hecho que faltan manos en todas las cárceles de España. Los sindicatos coinciden al poner cifras a las vacantes que existen en las tres cárceles vascas (Zaballa, Martutene y Basauri): echan en falta a unos 140 trabajadores. Ese 20% de carencia es algo que el Gobierno vasco admite públicamente.

El origen de ese agujero está en Zaballa, que tomó el relevo de Nanclares de la Oca. En la primera cabían 700 internos mientras que la nueva puede acoger 1.400 y es modular -está más parcelada y exige más vigilantes-. No se reforzó la plantilla en el cambio. La cárcel de Villena es idéntica, un calco de Zaballa, y tiene 85 trabajadores más. «En Martutene había 9 oficinistas y quedan 3. En Gipuzkoa, el área administrativa es para 20 y tienen 6», ejemplifica Agustín López, de CC OO. En vigilancia, las vacantes obligan a «recurrir a peonadas y hacer muchísimas horas extras». El capítulo mas grave fue una pelea entre una veintena de internos en Basauri donde «la cosa acabó bien porque hubo presos que ayudaron y los que estaban tenían mucha experiencia».

613trabajadores hay en nómina entre las tres prisiones vascas, el programa Aukerak y los servicios centrales. Atienden a unos 1.200 presos, aunque la cifra varía a diario. 112 de ellos son de ETA. Menos de uno de cada diez son mujeres.

Esos galones que da el tiempo se echan en falta en la bolsa de empleo a la que el Gobierno vasco fía todo y que espera tener lista a final de año. «Esto no se arregla con una bolsa de 60 porque faltan muchos más y porque este trabajo es complejo. Todos venimos de una OPE con 60 temas, no vale cualquiera», destaca Jorge Aragón, del CSIF.

El futuro pinta oscuro. Nadie, ni los sindicatos ni el Gobierno vasco, ven posible una OPE a corto plazo. Hay que pactar una relación de puestos de trabajo, que se calcula que estará en diciembre de 2023, preparar una formación específica, que el Parlamento apruebe ese nuevo cuerpo de funcionarios y lanzar una OPE que nadie sitúa antes de dos o seguramente tres años. Echen cuentas. Sólo en Basauri se jubila una docena de trabajadores al año. Son un colectivo muy envejecido y que, añaden con aire de advertencia, puede retirarse de forma voluntaria a los 60 años.

Es un aviso para navegantes ya que los funcionarios podrán elegir, otra vez, si se quedan o se marchan a otros puntos de España cuando sepan sus nuevas condiciones el año que viene. En octubre se temía que muchos optaran por marcharse pero el saldo de traspasos resultó parejo.

La plantilla aspira a mantener privilegios que tienen su origen en la amenaza de ETA. Un plus económico, 15 días más de vacaciones, doblar jornadas para unir libranzas y regresar a Cantabria, Burgos o La Rioja, donde muchos se asentaron para alejarse del peligro terrorista. Lakua insiste en que ETA ya no existe y recuerdan que la jornada de los funcionarios en las prisiones vascas es de 35 horas y en la Administración General del Estado, de 37,5. Se compensarían prácticamente los 15 días libres.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, reconoce a este diario que «cuando asumimos la gestión penitenciaria sabíamos que iniciábamos un camino difícil y con muchos obstáculos». «Algunos son los normales de un traspaso de esta envergadura pero otros han llegado con polémicas absurdas que buscaban generar ruido sobre nuestra gestión», lamenta. «Fue una herencia con muchas carencias y lo estamos solucionando poco a poco, pero hace falta tiempo», zanja. Para Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco, «la transferencia va bien y tenemos plena confianza en que el Gobierno vasco sabrá gestionar adecuadamente los problemas que hay».

En Bizkaia es un secreto a voces que se baraja la creación de una segunda cárcel hace tiempo. Hace falta, pero tiene poca venta en tiempo electoral y nadie la quiere cerca de casa. La nueva prisión de Zubieta, en Gipuzkoa, estará terminada para mediados de 2023 y sólo faltará equiparla. Denis Itxaso ha pedido reunirse con Artolazabal para cuadrar los detalles. Mientras, a la consejera le toca capear la tormenta. La transferencia de prisiones se ha puesto cuesta arriba.