Las tres cárceles vascas acogen ya a 112 presos de ETA y sólo hay unos 30 fuera

Apenas quedan otros 9 en Navarra, una treintena en otros puntos de España y una quincena en Francia. Es el fin de la política de dispersión, una especie de desconexión forzosa del disciplinado mundo del colectivo de presos que ha perdido sentido desde el fin de la violencia.

La previsión de los colectivos de apoyo a los presos es que el ritmo de llegadas se mantenga y que todos los reclusos de la banda hayan sido acercados a cárceles vascas o navarras para final de año. A lo largo de 2022 sólo se ha experimentado un parón en abril que fue denunciado públicamente por Sare y que algunos vincularon con las elecciones andaluzas de junio. En verano, el ritmo y la cuantía de los traslados se aceleró e incluyó perfiles duros, como Henry Parot o Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'. Aparecieron en los listados etarras de largo currículum delictivo, y que, en algunos casos, no han dado ninguna muestra de arrepentimiento.

Otros muchos sí que han dado pasos en esa dirección. Algo más de una veintena de reclusos de ETA se ha beneficiado de un acceso a las diferentes fórmulas de tercer grado. Las peticiones se justifican con un buen comportamiento, el pago de pequeñas cantidades de la responsabilidad civil y cartas manuscritas en las que hablan del dolor causado a sus víctimas. Algunos se dirigen directamente a ellas para pedirles perdón. Sólo ha habido un par de casos en que la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de mejora de grado. Algo que Lakua entiende como un aval a su trabajo.

El acercamiento de los presos de ETA divide al colectivo de víctimas del terrorismo. La AVT se siente traicionada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y no dudan en asegurar que está intercambiando «presos por votos» y «pagando el apoyo de Bildu». Las asociaciones vascas, como Covite o la Fundación Buesa, nunca han criticado los traslados a Euskadi y Consuelo Ordóñez ha reiterado en varias ocasiones que «la cuestión no es dónde cumplen condena sino que la cumplan».

El Gobierno vasco, por su parte, defiende que se limitan a estudiar si quien pide un traslado a Euskadi cumple el exigible requisito de arraigo y que, al igual que los terceros grados, «se analiza cada petición exclusivamente con criterios técnicos, sea un recluso de ETA o no».