PNV y PSE sellan la paz tras llevar al extremo su enfrentamiento por el centro de refugiados

El Consejo de Gobierno se reunía este martes por primera vez desde que surgiera el choque por los planes del Ejecutivo central, decidido a rehabilitar la antigua clínica Arana para convertirla en un centro de acogida con capacidad para 350 personas que huyen del conflicto en sus países de origen. Sobre la mesa de la reunión semanal, posturas enfrentadas de los dos socios –el PNV en contra y el PSE-EE a favor– y, sobre todo, una larga lista de términos gruesos que unos y otros se venían lanzando por una controversia que, si bien no afecta al núcleo de su relación, sí ha enrarecido el ambiente político en plena carrera hacia las elecciones municipales y forales del 28 de mayo.

Con Eneko Andueza tachando de «xenófobo» a su compañero de coalición y con el lehendakari acusándole personalmente a él de contribuir a la «crispación política», la bola de nieve se había hecho demasiado grande. Así que, tras completar el orden del día, los doce componentes del Gobierno vasco –con la vicelehendakari Idoia Mendia encabezando el ala socialista– se han quedado unos minutos más en sus asientos para limar asperezas. Dicho y hecho. Al salir, en la habitual rueda de prensa posterior, Bingen Zupiria anunciaba «en nombre del lehendakari y de todos los consejeros» la voluntad compartida de no alimentar aún más el enfrentamiento.

Un «compromiso» que a priori el portavoz circunscribió a los integrantes del Ejecutivo autonómico, no a los partidos que lo sustentan. En todo caso, en los cuarteles generales de PNV y PSE-EE coinciden en la necesidad de rebajar definitivamente el tono para no poner en peligro su relación. Las muestras son ya patentes. Sin ir más lejos, este mismo martes el presidente del Araba buru batzar (ABB), José Antonio Suso, celebraba que la relación con los socialistas «es excelente» y enmarcaba las divergencias en un ambiente preelectoral tras el cual, ha pronosticado en Onda Cero, «volveremos a la normalidad».

Como en anteriores choques, los dos socios han encontrado el punto de equilibrio en el acuerdo de gobierno sellado en septiembre de 2020, al comienzo de la presente legislatura, cuando pactaron reeditar la coalición. «Todos los miembros, el lehendakari y los consejeros, nos sentimos vinculados al programa y vamos a defenderlo porque es por todos compartido», ha recalcado Zupiria. En concreto, el punto 11.3 de ese documento habla de «definir un modelo propio de acogida e integración» de los refugiados «en el ámbito de las competencias» del Ejecutivo autonómico y, eso sí, «en colaboración con el Gobierno español».

Una cooperación institucional a la que el portavoz de Lakua también ha aludido para solventar las diferencias entre los gobiernos vasco y central por el centro de Vitoria. La implicación de varias administraciones en materia de acogida exige, según Zupiria, «un diálogo permanente mayor que en el que en estos momentos se está dando». De igual manera, ha planteado la «conveniencia» de abordar la transferencia a Euskadi de las competencias relacionadas con «las políticas de acogida e integración de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional», tal y como también se recoge en el programa de gobierno.