Estirar las potencialidades de la Constitución para ampliar el autogobierno vasco casi hasta el infinito sin necesidad de reformarla. Esa es la propuesta a la que ha sacado lustre el lehendakari esta mañana en su discurso en el pleno de política general. Nada nuevo bajo ... el sol, es verdad, aunque Urkullu se ha esforzado en actualizar el paquete y ponerle un lazo para que su propuesta de actualización de los derechos históricos amparados por la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna suene, por lo menos, novedosa. Iñigo Urkullu no suele dejar pasar estas citas de altos vuelos, en las que sabe que la Euskadi política está pendiente de su discurso, sin sacarse de la chistera algún concepto que cale en el imaginario colectivo. Una estrategia de márketing político puro y duro a la que ha vuelto a recurrir hoy al apelar a la 'democracia plurinacional', que, en realidad, no es otra cosa que el modelo confederal que ya defendió el año pasado en la misma tribuna y que, en estado puro, no existe en ningún lugar de mundo. En realidad, lo que está planteando el lehendakari es una suerte de federalismo asimétrico que permita a Euskadi ver reconocido su carácter nacional (en ningún caso como Estado soberano, la base de la confederación pura) y su singularidad política, y a la vez disfrutar de un amplísimo abanico de competencias blindadas para que no puedan ser laminadas por el poder central. La piedra filosofal de la que emanaría ese «conjunto de poderes singular y único» son los fueros y, en concreto, la posibilidad de interpretar de manera «ambiciosa» la disposiciones constitucionales que abren la puerta a actualizar el régimen foral y dan por definitivamente derogada la ley abolitoria de los fueros vascos de 1839.
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Se plantearía así, en realidad, la reintegración foral plena, una vía que, en la lógica del lehendakari, garantizaría la permanencia de Euskadi en el Estado al dotar a los vascos de un estatus singular y anularía cualquier tentativa unilateral de independencia al estilo catalán. Eso quiere decir cuando dice,literalmente: «Mi propuesta es sustituir actitudes que pueden conducir a decepciones y frustraciones que nunca sabemos donde acaban por una nueva actitud que genere ilusión y desemboque en una realidad de pacto y convivencia». El entorno de Urkullu había avisado en los prolegómenos del pleno de que, dado que la reforma del Estatuto está en manos ya de la comisión redactora de expertos, Urkullu tenía menos margen para hacer propuestas. En realidad, no las ha hecho, al menos no nuevas. Se ha limitado a insistir en su discurso pactista y en la idea de que es posible una relación bilateral con el Estado (no ha utilizado el término 'de igual a igual') amparada en los derechos históricos. Ha tenido especial cuidado en no pisar callos, convencido como está de que la empresa solo será viable si logra atraer a las fuerzas no nacionalistas, como mínimo al PSE y a Podemos. De ahí que, al identificar los nexos de unión entre los partidos no haya hablado de reconocer el derecho a decidir (un mantra irrenunciable para Joseba Egibar y sus afines) sino de «clarificar la capacidad de decisión» de Euskadi.
Los referentes del lehendakari para dotar de credibilidad y posible respaldo internacional al modelo que tiene en la cabeza han picoteado, como es habitual, de aquí y allá. El espejo principal es la propia Unión Europea, un concepto nunca del todo asentado y aún hoy en crisis, y el propio esquema de territorios históricos que vertebra Euskadi, un foralismo ante el que Podemos y el PSE arrugan la nariz. Después, adopta lo que conviene de distintos modelos: el referéndum pactado de Escocia, la capacidad de flamencos y valones de ver representadas sus demandas ante la UE, el modelo participativo suizo, Baviera y el federalismo alemán. Ha faltado esta vez Quebec y la ley canadiense de claridad. Unos argumentos que no encontraron eco en Madrid en tiempos de Mariano Rajoy y es difícil que lo encuentren ahora, con un Pedro Sánchez atenazado por su minoría y la incertidumbre sobre su futuro. De ahí que el lehendakari haya insistido además en la urgencia de cumplir en su integridad el Estatuto cuarenta años después. En realidad, la verdadera aspiración de Ajuria Enea para esta legislatura es arrancar al Ejecutivo central un calendario en el que se reconozca negro sobre blanco, por primera vez, que hay obligación legal de transferir 37 competencias.
A la oposición le ha dejado fría el discurso del lehendakari. Esperaba más. Pero Urkullu y el PNV están convencidos de que lo mejor que les puede pasar en un momento especialmente difícil como el presente es seguir siendo «previsibles» a ojos de la sociedad vasca. De ahí el rosario de cifras, porcentajes y planes que ha desgranado el presidente vasco en una intervención nada vibrante. Nada está dejado al azar, todo está medido. Los Presupuestos están en el aire y se anuncian comisiones de investigación en el Parlamento vasco y condenas en los tribunales. La consigna es transmitir tranquilidad y diligencia. Curiosamente, al término de la sesión matinal, EH Bildu ha sido el grupo menos beligerante con Urkullu. Veremos.
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