El Parlamento vasco rechaza la renta básica universal

La iniciativa recabó más de 22.000 firmas y el respaldo de más de 80 asociaciones y colectivos. Una portavoz de la plataforma ciudadana, Itziar Guerendiain, ha comparecido ante el pleno. Es una estampa nada habitual. Es solamente la tercera vez que un ciudadano habla desde la tribuna para defender una iniciativa ciudadana. Ninguna ha llegado a buen puerto.

Guerendiain ha lamentado el portazo del Parlamento. «El PNV y el PSE han demostrado que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no está dentro de sus prioridades», ha criticado. A su juicio, son necesarias «nuevas herramientas para combatir la pobreza, atendiendo a sus causas y evitando su aparición» ya que el modelo actual, basado en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), «sólo aborda la pobreza cuando ya es una lacra».

Básicamente, lo que la iniciativa planteaba era fijar una ayuda de 900 euros mensuales para mayores de edad o menores emancipados, «con independencia de si tienen o no empleo, de con quiénes convivan, de sus otras fuentes de renta o patrimonio y de su estatus administrativo». Para personas de 14 a 18 años no emancipadas, la cuantía sería de 450 euros, y de 270 euros para menores de 14 años. Esta prestación sería financiada mediante una reforma fiscal.

Los partidos del Gobierno han votado en consonancia con el dictamen desfavorable que emitió el propio Ejecutivo en marzo. En resumen, lo que sostienen es que Euskadi ya cuenta con un sistema de prestaciones sociales, la RGI, que es «un modelo de éxito». Han recordado, además, que está en marcha una reforma de la misma para «reforzarla» y que existen otras ayudas, como la AES y el Ingreso Mínimo Vital, que ahora gestiona Lanbide.

La ILP sobre la renta básica es la tercera que la Cámara autonómica rechaza. Una reforma del reglamento del Parlamento permite desde 2016 que cualquier propuesta ciudadana pueda activar este proceso si suma más de 10.000 firmas. Desde entonces tres lo han logrado pero todas ellas han sido rechazadas.

En 2018 se debatió una iniciativa popular para acabar con la segregación escolar y la guetización de algunos centros públicos. En 2019 otra iniciativa reclamaba un sistema de protección social público y de calidad. En ambos casos, la Cámara escuchó sus discursos durante 15 minutos... Y luego votó en contra. Hace dos años la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo también empezó a recabar las firmas preceptivas para reclamar una ley de memoria histórica, pero paralizó el proceso para sumarse a una iniciativa de Bildu y Podemos que, al final, tampoco salió adelante.