Una plataforma con 10.000 firmas obliga al Parlamento a debatir la renta básica universal

La consecuencia más inmediata es que, durante los próximos meses, volverá a repetirse una imagen poco habitual: la de un ciudadano acudiendo a un pleno para defender una iniciativa legislativa. Una reforma del reglamento del Parlamento permite desde 2016 que cualquier propuesta ciudadana pueda activar este proceso si suma las citadas firmas. El cambio normativo que abre la puerta de la Cámara a los promotores de las ILP llegó después de que la plataforma 'Fracking Ez' reuniera más de 103.000 apoyos sin conseguir que se les escuchara. Activaron un intenso debate social, pero no consiguieron influir en las decisiones sobre la extracción de gas.

En 2018 Sabin Zubiri se convirtió en el primer ciudadano que tomó la palabra en una sesión plenaria. Defendió una iniciativa popular para acabar con la segregación escolar y la 'guetización' de algunos centros públicos. En 2019 hizo lo mismo Janire Landaluze con una ILP que reclamaba un sistema de protección social «público y de calidad». En ambos casos, la Cámara escuchó sus discursos durante 15 minutos... Y luego votó en contra. Hace dos años la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo también empezó a recabar las firmas preceptivas para reclamar una ley de memoria histórica, pero paralizó el proceso para sumarse a una iniciativa de Bildu y Podemos que, al final, tampoco salió adelante.

Con la renta básica incondicional llegará la tercera intervención ciudadana ante el pleno. Un representante de la comisión promotora defenderá la proposición de ley en nombre de las miles de personas que apoyan la ILP -sus impulsores prevén superar las 20.000 firmas antes de la fecha límite, el 7 de enero-, así como de las 80 asociaciones que la suscriben.

A grandes rasgos, los promotores consideran necesario que el Ejecutivo autonómico implante una asignación económica universal para todos aquellos ciudadanos que lleven al menos tres meses empadronados en el País Vasco. La prestación se fijaría en 900 euros mensuales, «el umbral económico por encima de la pobreza», para todos los mayores de edad o menores de esa edad emancipados, «con independencia de si tienen o no empleo». Alcanzaría los 450 euros para personas de entre 14 y 18 años no emancipadas, y los 270 euros para las que tengan menos de 14 años. El objetivo es «acabar con las situaciones de pobreza».

El debate no es nuevo. Existen propuestas similares e incluso proyectos pilotos en países como Finlandia, Canadá y Estados Unidos. Incluso en el Parlamento Europeo se está tramitando una iniciativa legislativa popular parecida, que en estos momentos se encuentra en el proceso de recogida de firmas.