El Parlamento aprueba la reforma de la RGI con solo un 10% de votos en contra

La nueva ley, acordada entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU y que ha sumado a EH Bildu vía abstención, recoge importantes cambios en la prestación, que integrará el Ingreso Mínimo Vital (IMV) transferido por el Gobierno central. La duración de la RGI será indefinida, si bien se revisará cada trimestre, y la edad mínima para cobrarla pasa de los 23 a los 18 años. La cuantía de las ayudas se elevará un 8,5% en 2023, de manera que una familia con un adulto y dos menores cobrará 1.253 euros al mes, mientras que un pensionista llegará a los 1.013. Además, se agilizará el cobro a través de una declaración responsable que luego quedará apuntalada con una comprobación de Lanbide.

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Alba Cárcamo

En palabras de la vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo, la nueva ley es «la más avanzada y rigurosa de nuestro entorno» y se adecúa a los estándares europeos, con una metodología «transparente» y un referente «claro» como la tasa del umbral de la pobreza. Mendia ha agradecido las aportaciones de agentes sociales y entidades del tercer sector, presentes en el palco del Parlamento para presenciar la sesión, y también la de los grupos parlamentarios que han facilitado la aprobación. A Elkarrekin Podemos-IU, por «ofrecernos mejoras en el texto», y también a EH Bildu, a la que se han aceptado propuestas que «no desvirtúan» el espíritu de la norma.

El amplio grado de acuerdo que ha suscitado esta iniciativa ha sido una constante en los discursos de los grupos. Jon Aiartza (PNV) ha querido poner en valor el tono durante toda la tramitación, con «un debate sereno, sosegado, alejado de la crispación y las etiquetas que demasiadas veces se han colgado en este asunto». También Gloria Sánchez (PSE-EE) ha elevado la categoría del pleno a «día histórico». Y David Soto, en representación de Elkarrekin Podemos-IU, firmante del acuerdo, ha ensalzado el «resultado gratamente positivo». Porque si bien los morados creen que se podía haber ido «más allá», valoran el paso dado «en un momento de gran desigualdad social».

Incluso en EH Bildu, que finalmente se ha abstenido «por responsabilidad», se ha querido ensalzar el «respeto» con el que se ha abordado la reforma. Eso sí, la parlamentaria Nerea Kortajarena considera que la nueva norma es «una oportunidad perdida» para apuntalar el sistema de protección. Una de las principales quejas de la coalición soberanista es que la cuantía de la prestación vaya a tener su referencia en un indicador a nivel de España, que ofrece datos alejados de las estadísticas vascas. También critica que se haya optado por «mantener los recursos» y repartirlos de otra forma en lugar de reforzarlos: «Protege por debajo de las posibilidades y de las necesidades».

El contrapunto ha llegado con las intervenciones de PP+Cs, primero, y Vox, despues. La popular Laura Garrido ha censurado que se configure «un sistema desincentivador del acceso al empleo» y cuyo objetivo, ha dicho, pasa por ser «el cobro de un subsidio de por vida». También ha introducido la única referencia en todo el debate acerca del fraude, denunciando la «picaresca» de algunos beneficiarios, lo que le ha valido el reproche del resto de grupos. Cuando la norma ya había sido aprobada y los invitados abandonaban el salón de plenos, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha usado su turno de explicación de voto para insistir en similares argumentos.