Así será la nueva RGI que hoy aprueba el Parlamento vasco

De cara a 2023, los importes mejoran, con una subida en torno al 8,5%. La renta garantizada para las personas vulnerables crecerá hasta un 50% en el caso de las familias numerosas y hasta un 27% en hogares en los que el titular sea un pensionista. La cuantía base tomará como referencia el Ingreso Mínimo Vital, al que se sumarán partidas para el titular, para un segundo adulto en la unidad convivencial y por todas las personas a su cargo. Los pensionistas tendrán un complemento extra de hasta el 40% y las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales y las personas con discapacidad tendrán derecho a ayudas del 25%. A partir de 2024 las cuantías se fijarán en los Presupuestos del Gobierno vasco y atenderán al IPC de Euskadi.

En el caso de una familia con un adulto y dos menores, pasará de los 1.086 euros actuales a 1.253. Los pensionistas dejarán de percibir 834 euros y recibirán 1.013.

La duración de la RGI será indefinida. Se controlarán trimestralmente los ingresos y la unidad de convivencia para adaptar las cuantías si se producen cambios.

Una de las prioridades que se marca la norma es la agilidad. Así, en lugar de acreditar los requisitos, los solicitantes deberán rellenar una declaración responsable. La ayuda la recibirán así al mes siguiente a la petición y después Lanbide comprobará que esa persona tiene derecho.

La necesidad de estar empadronado en Euskadi pasa de tres a un año en el caso de los hogares con niños. Las personas refugiadas, las víctimas de violencia de género y doméstica, las de trata y explotación sexual tendrán que estar inscritas en el padrón en el momento de presentar la solicitud, sin necesidad de atestiguar antigüedad, mientras que las de terrorismo están exentas de presentar este documento. Para recibir la ayuda hay que acreditar tener «necesidades económicas» y disponer de unos ingresos inferiores a la cuantía de RGI que correspondería a esa unidad convivencial. Asimismo, se reduce la edad de los 23 a los 18 años, siempre y cuando estos jóvenes lleven un año emancipados y en busca de empleo activo por medio de Lanbide.

Depende de la infracción que se cometa. En el caso de las leves, se establece una multa igual a la cuantía indebidamente percibida. En los incumplimientos graves, quedarán fuera del sistema de RGI durante un mínimo de un año y medio, un período que se alargará hasta los cinco en el caso de los reincidentes. En cualquiera de los casos, el perceptor seguirá cobrando la cuantía base si tiene menores a su cargo, aunque se le retirarán los complementos individuales y los vinculados a las características de la familia.

El plazo de prescripción de las prestaciones indebidas se reducirá de cuatro a dos años. El objetivo es favorecer una mayor seguridad jurídica y que las personas vulnerables no tengan que hacer frente tiempo después a las consecuencias de las dilaciones de la Administración.

Cada persona contará con un profesional de referencia, que le planteará un itinerario formativo y laboral para facilitar su acceso al mercado de trabajo. De manera conjunta con el tutor, el solicitante desarrollará un plan personalizado, que tendrá una duración de dos años y en el que se incluirán los compromisos tanto del perceptor como de Lanbide, que debe proponer al menos una oferta de trabajo. De forma paralela, una nueva unidad de inspección trabajará en la detección de posibles fraudes.

Los perceptores con menores de 12 años a su cargo, discapacitados o familiares dependientes, si no pueden compatibilizar el empleo o los estudios que les ofrece Lanbide con la atención a estas personas, no serán penalizados. Tampoco quienes, por ejemplo, gasten más de un 20% de la cuantía base de la prestación en transporte público para acudir al curso de formación; quienes destinen a trasladarse un tiempo superior al 25% de la duración de las clases; los ciudadanos sin un medio de transporte cercano a su domicilio con horarios compatibles con el curso.