El día de la marmota, versión navideña. El año pasado, por estas fechas, el Gobierno vasco lamentaba que Pedro Sánchez hubiera dejado a las comunidades autónomas «a los pies de los caballos» al darles carta blanca para endurecer o mantener las restricciones entonces en vigor ... con la mesa de Nochebuena ya casi puesta. Un año y varias arremetidas del virus después, con un 90% de la población vacunada, el escenario es similar en puertas de las jornadas festivas sin que se haya aprobado aún una ley estatal que proporcione un mínimo de seguridad jurídica en el combate contra la covid: bronca política, desafección ciudadana, desconcierto y caos en mitad de una sexta ola completamente desbocada.
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A pocas horas de que se celebre, a las cuatro y media de esta tarde, una Conferencia de Presidentes que se anticipa tensa y en la que nadie confía para atajar los contagios, la gestión de la pandemia vuelve a poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez, cuestionado no ya solo por la oposición sino también por sus socios en las Cortes Generales. Los grupos nacionalistas y las fuerzas minoritarias de izquierda se sumaron ayer a los reproches habituales de PP, Vox y Ciudadanos, visiblemente enfadados por la «improvisación» del Gobierno a la hora de consensuar posibles nuevas restricciones contra el virus y por su «desquiciante» tardanza, en palabras del PNV, al convocar el foro autonómico solo dos días antes del 24 de diciembre, la fecha social por excelencia del año por número de reuniones y desplazamientos entre comunidades autónomas.
Compromís habló de estrategia «impresentable», el PDeCAT de puro «marketing político», Más País de «deberes sin hacer» y ERC y Bildu pidieron ayudas económicas a los sectores afectados y contratar más sanitarios. «Sería lamentable que, por querer ser el que más permite en estas fechas luego haya consecuencias tristes», avisó la jeltzale Josune Gorospe. La diputada en el Congreso puso voz así a los temores de Ajuria Enea y Sabin Etxea: que el presidente quiera ponerse de perfil y que la reacción llegue «demasiado tarde», cuando las cifras de contagios, variables según se hagan más o menos pruebas, ya no puedan «ocultar» una situación «insostenible» en los hospitales.
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Pero, al mismo tiempo, solo Cataluña dio un dudoso paso al frente -al anunciar un toque de queda de incierta viabilidad jurídica- mientras el resto de autonomías defendían cada una sus recetas -de la política de restricciones cero de Ayuso a la recuperación de la mascarilla en exteriores que reclama un número creciente de autonomías o la gratuidad de los test de antígenos- en un aperitivo de la jaula de grillos en que puede convertirse hoy la Conferencia.
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De lo que no quedó duda es de que la rebelión autonómica y la fallida cogobernanza han vuelto a estallarle a Sánchez, que tiene entre manos un problema de primer orden, no solo sanitario sino también político. La hoja de ruta trazada por el presidente, que siempre ha fiado el éxito de la legislatura a la vacunación masiva de la población y a la recuperación económica espoleada por los fondos europeos, ha saltado en mil pedazos. Su mantra de «vacunar, vacunar y vacunar» ha quedado superado por los acontecimientos: una explosión de contagios menos letal que las anteriores pero que amenaza igualmente con poner en jaque el sistema de salud al completo, de las UCI a una cada vez más colapsada Atención Primaria.
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Con ese panorama, los presidentes acuden al foro con una mezcla de indignación y profundo escepticismo: pocos creen que de la reunión vaya a salir una estrategia coordinada y eficaz contra el virus, por lo que casi todos se limitaron ayer a pedir directrices claras y concisas que no añadan más «confusión» y a seguir reclamando un «paraguas jurídico común», como insiste Iñigo Urkullu, que proporcione mayores garantías a la hora de tomar medidas que los tribunales no acaben tumbando, pese a que hoy por hoy solo un estado de excepción garantizaría cobertura plena a cualquier limitación de los derechos fundamentales. La respuesta del Gobierno resultó vaga y deja todas las incertidumbres abiertas: la portavoz, Isabel Rodríguez, se negó a avanzar propuestas concretas y dijo que el Ejecutivo acude sobre todo «a escuchar» y a buscar «decisiones compartidas».
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