El juez Llarena mantiene la orden de detención a Puigdemont pese a la ley de amnistía

En este sentido, en la misma resolución el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados, adoptadas en un auto de enero de 2023, «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas». Llarena sortea así la letra pequeña de la entrada en vigor de ley de amnistía, que recoge que las medidas cautelares vigentes «se alzarán incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones».

En la práctica, esto supone que, de momento, la previsión de Puigdemont de acudir en persona a la sesión de investidura en el Parlament catalán, cuya fecha tope es el 25 de junio, supondría su arresto para comparecer de inmediato ante el Supremo, donde está procesado en rebeldía en la causa del 'procés' por los delitos de malversación agravada de caudales públicos y desobediencia.

Por su parte, el tribunal de la Sala Segunda (Penal) que juzgó la causa del 'procés' y la magistrada Susana Polo, como instructora del 'caso Tsunami Democratic', han dictado otras dos resoluciones en las que dan traslado también a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley de amnistía en sus asuntos respectivos. En el segundo caso, referido a las protestas callejeras de la plataforma en 2019, se investiga a Puigdemont, entre otros, por un delito de terrorismo.

En el caso de la providencia de Llarena, el magistrado recuerda que el preámbulo de la norma señala que «corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador», es decir, establecer el control de la legalidad de la norma.

El magistrado añade que, de acuerdo con el artículo noveno de la ley, que recoge que los órganos judiciales aplicarán la amnistía previa audiencia de la Fiscalía y de las demás partes personas, se han acordado diversas medidas cautelares personales (como las citadas órdenes de detención) que la ley contempla como de «urgente análisis». Por este motivo, procede dar traslado a las partes para que en cinco días presenten su informe sobre su continuidad o levantamiento. Llarena detalla que las partes deberán pronunciarse si quedan amnistiados los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos. Este tipo penal generará debate jurídico por su especial persecución en el derecho penal comunitario.

Por su parte, el tribunal de la Sala Penal que juzgó y sentenció la causa del 'procés' también ha dictado una providencia en la que da un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, la acusación popular de Vox y las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, para que formulen las alegaciones que consideren procedentes acerca de los efectos de la norma en la inhabilitación vigente para empleo o cargo público. Y es que Junqueras, por ejemplo, fue condenado a 13 años de prisión e inhabilitación. La pena de cárcel fue indultada por el Gobierno en 2021, pero la inhabilitación todavía le pesa y no terminará hasta 2031.

También la magistrada del Supremo que instruye el 'caso Tsunami Democratic', Susana Polo, ha preguntado a las partes personadas para que informen en un plazo de diez días sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía a los investigados aforados Carles Puigdemont y el exdiputado autonómico de ERC Rubén Wagensberg, investigados por un delito de terrorismo, uno de los supuestos delictivos que a priori quedarían excluidos del borrado penal de la ley que ha entrado hoy en vigor.

Por último, en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, que instruye la causa por 'Tsunami' contra los no aforados también ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa para que en el plazo máximo de diez días informen sobre la aplicabilidad o no a los investigados de la amnistía. En esta causa es en la que está imputada Marta Rovira, secretaria general de ERC, además de otras nueve personas (Josep Lluis Alay Rodríguez; Josep Campmajo Caparrós; Marta Molina Álvarez; Oleguer Serra Boixaderas; Oriol Soler Castanys; Xavier Vendrell Segura; Jesús Rodríguez Selles; Jaume Cabani Massip y Nicola Flavio Guilio Foglia).