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david guadilla
Sábado, 29 de enero 2022, 01:00
La ley aprobada en noviembre de 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy se ha convertido en una de las principales obsesiones de la izquierda abertzale. Su ratificación supuso un golpe muy duro para un colectivo que solo un año antes había visto el otro ... lado de la moneda. La derogación de la 'doctrina Parot' tras el fallo de Estrasburgo provocó la excarcelación de más de 60 miembros de ETA entre finales de 2013 y principios de 2014. Aquella decisión rebajó la presión en la izquierda abertzale, pero se la elevó varios grados al Ejecutivo.
Así que cuando el etarra Kepa Pikabea pidió que se le aplicara la directiva europea para que se le descontase de su condena el tiempo pasado en cárceles francesas -lo que hubiese beneficiado a otro medio centenar de etarras-, el Ministerio de Justicia aprobó la ley que limitaba el alcance de la norma de la UE. Un Tribunal Supremo dividido -nueve a favor, seis en contra- dio la razón al Gobierno y luego Estrasburgo ratificó la decisión. Y la presión volvió a la izquierda abertzale.
Durante los últimos años, el objetivo de los líderes de EH Bildu y Sortu ha sido, precisamente, volver a bajarla. Como dijo Arnaldo Otegi en una reunión desvelada por este periódico con militantes en Eibar el pasado octubre, todo lo que se hace es por los presos. Incluso apoyar los Presupuestos de Sánchez.
La situación de minoría en la que se encuentra el Gobierno permite a la izquierda abertzale mantener su nivel de exigencias. Eliminada 'de facto' la dispersión, el siguiente objetivo de Sortu es facilitar las excarcelaciones o, al menos, lograr beneficios penitenciarios a través del tercer grado. Y eso se busca a través de dos caminos.
Uno es promover cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público, según la izquierda abertzale, obstaculiza las decisiones de las juntas de tratamiento de las cárceles favorables a la concesión de esos terceros grados. La reclamación, de hecho, ya ha sido trasladada al Gobierno. La otra es, precisamente, la derogación de la ley 7/2014.
El Ejecutivo no tendría problemas en salvar el trámite del Congreso gracias al voto de Bildu, el PNV y ERC. Los jeltzales siempre han dejado claro que el nuevo tiempo abierto tras el fin de ETA permite una legislación más flexible. Hace unas semanas ya dejaron claro que estarían dispuestos a apoyarla. Pero, eso sí, también subrayaron que primero deberían negociarlo EH Bildu y el Gobierno en su mesa política. Y en eso podrían estar ya.
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