El Gobierno vasco y Podemos pactan que la edad para cobrar la RGI baje de 23 a 18 años

El acuerdo que llevaba negociándose desde 2017 se cerró este pasado fin de semana tras un último e intenso cruce de documentos entre la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, y la cúpula de Elkarrekin Podemos-IU. El próximo apretón de manos escenificará el cierre de un debate que se ha prolongado en el tiempo y que siempre es sensible.

El proyecto tuvo que retirarse la pasada legislatura al no contar el Gobierno vasco –en ese momento la RGI dependía de Beatriz Artolazabal– con los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Entonces, PNV y PSE estaban a un escaño de la mayoría absoluta. La situación ahora mismo es justo la contraria. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu no tiene problemas aritméticos, pero aun así ha sumado al proyecto a la oposición. Por ahora a Elkarrekin Podemos-IU y hay opciones de que a ese consenso se incorpore también EH Bildu. En una entrevista concedida este domingo a este periódico, la propia Mendia reconocía que en Podemos y en la coalición soberanista había visto una «actitud proactiva» para sacar adelante la normativa que no había percibido en el PP.

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El acuerdo tiene como uno de los elementos nucleares reducir la edad necesaria para poder cobrar la RGI. Con la legislación vigente, es necesario cumplir los 23 años para poder acceder a esta prestación, aunque hay algunas excepciones. Tener menores a su cargo, ser víctimas de violencia de género, del terrorismo, huérfanos, jóvenes que salen de centros de menores... ya permite cobrar esta prestación a partir de los 18. La diferencia es que cuando el pacto cerrado con Elkarrekin Podemos-IU se convierta de forma definitiva en ley, se podrá percibir la RGI en cuanto se llegue a la mayoría de edad en cualquier caso. Los únicos requisitos serán que se acredite un proyecto de vida independiente –es decir, no se podrá cobrar si se vive en la casa de sus padres– y que se demuestre una situación de vulnerabilidad. Esta ayuda será independiente de otras que se dan por emancipación y que sirven para cubrir, entre otras cuestiones, el alquiler de la vivienda. Fuentes conocedoras de la negociación recalcan que, en todo caso, será necesario cumplir con las obligaciones que impone la legislación laboral, básicamente, asumir un plan personalizado de empleo.

Además, se garantizará que la cuantía no podrá ser inferior a la tasa de riesgo de pobreza e, igualmente, se rebajará el periodo de empadronamiento para determinadas circunstancias de especial vulnerabilidad, que pasará de uno a cero años. También se establece que no se podrá suspender la prestación cuando solo haya indicios de irregularidades y se pondrá en marcha un mecanismo de actualización automática para no dejar la decisión en manos del Gobierno.

Acuerdos de país

El acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU trasciende lo técnico y tiene una importante carga política. Llega tres semanas después del Pleno de Política General del Parlamento vasco en el que tanto el lehendakari como los grupos de la oposición apostaron por suscribir acuerdos de país.

La decisión de la coalición de izquierdas demuestra su voluntad de volver a ondear la bandera social, algo que ya hizo con la ley antipandemia y con el pacto educativo. Precisamente, es en este acuerdo firmado hace ya meses donde el aval de Elkarrekin Podemos-IU está más en el aire. La formación ha sido muy crítica con el apoyo que, a su juicio, da el texto a la escuela concertada. Además, el anuncio de que ha llegado a un principio de acuerdo con el Gobierno vasco supone un golpe de efecto en la pelea que mantiene con EH Bildu para escenificar cuál es la formación de izquierdas que es capaz de lograr mayores beneficios para las clases más desfavorecidas.