La 'vía escocesa', un callejón sin salida

La 'vía escocesa' es en realidad un envoltorio de colores brillantes pero más bien hueco en su interior porque remite al acuerdo alcanzado entre Londres y Edimburgo que propició el referéndum de septiembre de 2014 en el que un 55% de los escoceses votó a favor de la permanencia en el Reino Unido. La diferencia, en absoluto menor, es que ese pacto, rubricado por el entonces primer ministro David Cameron y el exlíder escocés Alex Salmond, se basaba en la llamada 'common law' y en que los británicos carecen de una Constitución escrita que prohíba, como en el caso de España, la convocatoria de consultas separatistas.

De ahí que la apelación a un plebiscito pactado -algo que también defiende Iñigo Urkullu, que le añade además el calificativo de «legal»- sea en realidad un brindis al sol que ningún Ejecutivo español estará en condiciones de aceptar. Un callejón sin salida. En el caso escocés, el propio SNP (el partido independentista y mayoritario de la actual ministra principal, Nicola Sturgeon) ha subrayado siempre que la diferencia con los casos catalán y vasco es que Escocia no desafía la legalidad, sino que se ajusta a ella, al requerir la previa autorización de Westminster para convocar la consulta.

Pero el Brexit y la renovada pujanza del Scottish National Party, que en las últimas elecciones barrió y se quedó a un solo escaño de la mayoría absoluta, han resucitado las prisas del nacionalismo escocés por convocar un segundo referéndum de independencia. Sturgeon ha iniciado de hecho ya los trámites del proyecto de ley pero en Londres Boris Johnson no se muestra receptivo. Si Holyrood (el Parlamento escocés) persevera, Westminster podría llevarlo al Supremo para tratar de bloquearlo. No obstante, el argumento de la permanencia de Escocia en la UE hace ganar enteros y popularidad política a la posibilidad de un segundo referéndum.

El contexto no es baladí para entender por qué Junqueras se apunta ahora al modelo escocés. Ya deja claro en el artículo que generaría un «reconocimiento internacional inmediato», aunque obvie que la Constitución, tal como está redactada, es un corsé insalvable.

Canadá y Suiza

No obstante, esa apelación a la legalidad y al pacto es lo suficientemente ambigua como para servir de bandera lo mismo a ERC que en su momento a Urkullu. El lehendakari siempre ha sido un ferviente defensor de esta vía, aunque no ha desdeñado otras, siempre con un mínimo común denominador, que todas desembocan en una consulta pactada y con plenas «garantías» jurídicas.

En el caso vasco, nunca ha estado claro que la pregunta contemplara un 'sí' o un 'no' a la separación, sino que más bien se han hecho malabares dialécticos para justificar el refrendo a una reforma estatutaria que incluya una formulación, más o menos 'light', del derecho a decidir. Urkullu, corrobora su entorno, «mantiene» su apuesta por la 'vía escocesa', que en el pasado reciente ha defendido junto a la canadiense (con una directiva europea de claridad) e incluso, con menos éxito, a la confederal al estilo suizo. En su día, Bildu se ofreció a respaldar con el PNV el modelo pactado pero con fecha de caducidad: si el Gobierno no recogía el guante, ambos debían comprometerse a impulsar juntos la vía unilateral. Naturalmente, el PNV rechazó la oferta. Algo que, creen, podría reproducir Puigdemont con sus socios republicanos. La 'vía escocesa', al ser de difícil materialización, es como el chicle. Siempre permite volver al monte a conveniencia.