El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, detrás de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, E. P.

La cuesta judicial de enero acecha esta semana al entorno personal y político de Sánchez

Miguel Ángel Rodríguez y ocho testigos declaran por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso, mientras que el hermano del presidente comparece por su plaza en Badajoz

Mateo Balín

Madrid

Lunes, 6 de enero 2025, 00:09

La cuesta judicial de enero vuelve a proyectarse sobre Moncloa y el entorno del presidente Pedro Sánchez en la primera semana de enero. Tras la resaca de diciembre, con un cúmulo de frentes en los tribunales para el Gobierno, la agenda tiene marcadas estos próximos ... miércoles y jueves dos citas relevantes en las causas que se siguen contra el fiscal general en el Tribunal Supremo y contra David Sánchez, hermano del líder socialista, en un juzgado de Badajoz con su declaración como investigado por varios delitos.

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La instrucción por la revelación de secretos en la difusión de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, por un caso de fraude fiscal emprende esta semana nuevas líneas de trabajo. El juez Ángel Hurtado mantiene por ahora como investigados al fiscal general Álvaro García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sin embargo, la revelación de que el ex secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, recibió desde Moncloa el correo del abogado de Alberto González Amador buscando un acuerdo con la Fiscalía llevó el procedimiento a una nueva fase.

Es decir, las sospechas sobre la difusión de esta información reservada de un particular se ampliaron hasta llegar al corazón del Gobierno. Primero con el señalamiento de Pilar Sánchez Acera, quien fuera hasta septiembre pasado asesora del jefe de Gabinete de Presidencia Óscar López, hoy ministro de Transformación Digital, como la persona que envió a Lobato el correo del novio de Ayuso en el marco de la disputa partidista en Madrid. Y, en segundo lugar, con el informe de la Guardia Civil del 19 de diciembre elaborado a partir del contenido del teléfono móvil que Lobato, quien dimitió por estos hechos tras haber acudido a un notario, entregó en su comparecencia del 29 de noviembre.

Caso del fiscal general

El juez del Supremo debe decidir si testifican los ex secretarios de Estado de Comunicación

Este informe judicial confirma que Moncloa tuvo acceso al correo electrónico reservado de la defensa de González Amador; y que de ese documento tendrían conocimiento antes de ser publicado en ningún medio de comunicación «al menos», y además de Lobato y Sánchez Acera, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; Laura Sánchez Espada, directora de Comunicación de la ministra de Vivienda; y el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín, sustituto de Vallés pero que no ha llegado a asumir el cargo por razones de salud.

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El papel de Rodríguez

De momento, el juez ha rechazado imputar a Sánchez Acera, pero debe decidir sobre la citación como testigos de Vallés y Antolín, pedida por la acusación popular representada por el seudosindicato Manos Limpias. Sobre el primer asunto, el instructor acordó en su resolución una batería de testificales que fueron pedidas por la defensa del fiscal general. Lo más llamativo es el interrogatorio este miércoles a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, para aclarar si también tuvo conocimiento, como todo parece indicar, del correo reservado entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso del fraude tributario.

Y es que Rodríguez fue el primero en soltar la liebre en su perfil de redes sociales al asegurar que fue el fiscal quien ofreció el citado acuerdo pero que al final dio marcha atrás «por órdenes de arriba», cuando en realidad fue al revés. Al que fuera portavoz del Gobierno de Aznar le acompañarán como testigos ocho periodistas que o bien tuvieron acceso íntegro a este mail o bien publicaron noticias sobre ello.

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Miguel Gallardo

Junto al hermano del presidente del Gobierno declara como imputado el líder del PSOE extremeño

Este jueves, además, se espera un paso definitivo en el juzgado de Badajoz que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El músico declarará como investigado acompañado del líder de los socialistas extremeños y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo, por el acceso del primero a su puesto como director de Artes Escénicas de esta institución.

Tras resistirse a esa citación ante lo que consideró falta de indicios contra él -secundado, como en la causa contra Begoña Gómez, por la Fiscalía-, Sánchez (David Azagra de nombre artístico) deberá explicar a la jueza Beatriz Biedma, que le investiga por presunto tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude tributario, las circunstancias de su contratación.

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La magistrada quiere esclarecer cuáles eran sus funciones, por qué se le permitió seguir trabajando desde Portugal sin tener concedido el teletrabajo y por qué se modificó su puesto -pasó de ser coordinador de conservatorios entre 2017 y 2022 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas- sin que mediara concurso alguno para este teórico ascenso.

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