El fiscal general cambió su móvil siete días después de que el Supremo le encausara

Tras esta diligencias, los agentes de la UCO no encontraron nada en esos terminales y se lo hicieron saber al juez en un informe. Tras ello, desde la Fiscalía General se alegó que el borrado del teléfono móvil había tenido lugar en atención a un procedimiento interno de seguridad y protección de datos que aplica con regularidad, entre otros motivos, para salvaguardar las comunicaciones de García Ortiz. 

El motivo del registro del despacho del fiscal general y de la segunda investigada por estos hechos, la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez, se debió inicialmente a la búsqueda de cualquier mensaje o correo de los últimos ocho meses que hiciera referencia a la posible filtración de datos reservados en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Aunque luego el juez rectificó y redujo el examen de los elementos intervenidos a un espacio temporal de solo seis días, entre el 8 y el 14 de marzo pasado, después de admitir las quejas de los investigados por su carácter desproporcionado y la posibilidad de acceder a información «altamente sensibles». 

En concreto, el juez investiga si García Ortiz y su subordinada Rodríguez fueron los autores de la revelación de un correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía ante la Fiscalía de Madrid dos delitos tributarios en el marco de un acuerdo extrajudicial con el fiscal del caso, Julián Salto. Por este motivo, la primera diligencia del juez tras admitir el Supremo la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Madrid, quien investigó inicialmente los hechos, fue mandar el pasado 30 de octubre a los agentes de la UCO a por los teléfonos y cuentas de correo de los investigados. Pero no encontraron nada relevante en el caso del fiscal general. En concreto, «cero mensajes» de Whatsapp y medio centenar de correos de los que solo uno hacía referencia al caso de González Amador, sin revelar datos sobre la filtración.

El juez pidió entonces más detalles sobre los teléfonos que usaba García Ortiz y ayer llegó la respuesta. En su informe de solo tres páginas, la UCO explica que el fiscal general cuenta con dos números de teléfono y que «el inicio de actividad» de los «IMSIs (tarjetas) aparejados a los IMEIs (números) es el 23 de octubre de 2024. Es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas», señalan los investigadores. El término IMSI designa las siglas en inglés de Identidad Internacional de Abonado Móvil. Se trata de un número de 15 dígitos que figura en la tarjeta SIM y sirve para eso, para identificar a un abonado de telefonía móvil.

Para llegar a esta conclusión, los agentes han identificado dos números de teléfono de Movistar y Vodafone, siendo el titular de la línea del primero García Ortiz, quien recibió en este número los mensajes procedentes de la investigada Pilar Rodríguez. El segundo número está a nombre de la Dirección Genera de Racionalización y Centralización de la Contratación, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Si se atiende a la lógica, el próximo paso de la instrucción será citar como testigos a los técnicos del Ministerio Público que llevaron a cabo el borrado de la terminal del fiscal general y explicar en qué consiste este protocolo de seguridad informática y el cambio de tarjetas telefónicas.

Tras conocerse este nuevo dato del sumario, el PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, señaló ayer que «cada vez queda más claro que el protocolo de seguridad del fiscal no es más que un intento de ocultar pruebas, y eso es precisamente lo que le delata como culpable».