Bronca de la Junta de Fiscales al juez del 'caso De Miguel'

En un comunicado de tres párrafos, la junta de fiscales jefes alude a «la oportunidad» de que el juez aceptara contestar preguntas sobre «un juicio no concluso» y le reprocha que sus declaraciones «puedan interpretarse como un cuestionamiento» de la labor del Ministerio Público y del «sistema de conformidades previsto en la práctica totalidad de sistemas procesales europeos».

El juez Tapia aseguró el viernes que «desde hace quince años quienes nos movemos en el mundo de la Justicia sabemos que los escritos de las acusaciones normalmente, y para que la gente lo entienda, están inflados». El magistrado dijo hablar «en abstracto», pero aseguró que la «literatura jurídica» ya reconoce que los representantes del Ministerio Público «piden más años» de los que corresponden. Esa petición elevada de penas tendría como objetivo llegar después a un acuerdo de conformidad como el que negocia la Fiscalía con las defensas de los principales acusados por este supuesto caso de corrupción.

«Esto tiene cierta lógica porque es como cuando uno va a regatear al mercado. Te piden doscientos y luego puede quedarse en otra cantidad. ¿Esto está bien? De alguna manera, lo contempla la ley y, por eso, las fiscalías de toda España mantienen que ir con el mínimo legal previsto, las posibilidades de llegar a un pacto de conformidad son mínimas o pocas, pero si fijas una cantidad y luego bajas hay mayores posibilidades», explicó antes de quejarse de las «muchas desventajas» que esto supone.

Ante estas palabras, la junta de fiscales jefe acusa a Tapia de «trasladar al ciudadano la errónea impresión» de que «el cumplimiento de la legalidad o de proporcionalidad solo corresponde al tribunal» y «no a los fiscales o a los jueces de instrucción». De ahí que los responsables del Ministerio Público pidan al magistrado «respeto a la ley procesal vigente». Recuerdan que son los fiscales quienes tienen que acotar «los márgenes en los que debe moverse» el juez a la hora de dictar sentencia y advierten de que ningún tribunal puede «condenar por delitos diferentes o penas superiores a las solicitadas por las acusaciones». Es en el «juicio oral donde se han de cambiar las conclusiones provisionales en definitivas o presentar conclusiones alternativas cuando los hechos se pueden encuadrar en varios delitos o ser procedente otra pena», añade el comunicado.

Como publicó este periódico el pasado sábado, las declaraciones de Jaime Tapia habían provocado una fuerte conmoción en el Palacio de Justicia de Vitoria, al entender que atacaba la actuación de la Fiscalía en el 'caso De Miguel' en un momento tremendamente delicado. Como ha informado EL CORREO en exclusiva desde el viernes, el Ministerio Público y las defensas mantienen conversaciones para que los acusados acepten una condena menor, que podría suponer que no entren en prisión, a cambio de reconocer ante el tribunal que pidieron comisiones a cambio de adjudicaciones. Y que lo hicieron desde los despachos que ocupaban en la Diputación de Álava y del PNV en ese mismo territorio.