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El tribunal que juzga el 'caso De Miguel' ha aprobado su suspensión hasta el 1 de octubre. Tanto el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, como el resto de las acusaciones y los abogados de los 26 imputados -en su mayoría cargos y afiliados ... del PNV- en este proceso han pedido un aplazamiento de dos semanas para alcanzar un acuerdo, como informó en exclusiva el pasado viernes EL CORREO, que suponga una rebaja de penas -hasta el punto de evitar la cárcel- a cambio de que asuman su implicación (mayor o menor) en una red que supuestamente se dedicaba a adjudicar contratos 'a dedo' a cambio de comisiones. En definitiva, esto aproxima una condena para antiguos dirigentes del Partido Nacionalista como Alfredo De Miguel, que hasta su detención en marzo de 2010 era diputado foral de Administración Local (Urbanismo) en Álava.
Una negociación que se presume «compleja» -admiten los letrados- dado que esto supone un auténtico golpe de timón en la estrategia de la mayoría de las defensas, que hasta ahora defendían la inocencia de sus clientes e incluso acusaron a la Ertzaintza de hacer registros «indiscriminados» y de manipular prueba. «No hay ni habrá prueba alguna» de corrupción, había indicado al inicio de este 'macroproceso' Gonzalo Susaeta, abogado de De Miguel.
Sin embargo, Susaeta es ahora quien comanda las negociaciones con el Ministerio Público y, de hecho, alguno de sus compañeros en el banquillo de la defensa no han ocultado que se enteraron de las negociaciones a través de la publicación en este periódico. «Aún no he tenido tiempo para escuchar lo que quiere el Ministerio Fiscal para mi defendido», ha afirmado el abogado de Koldo Otxandiano que, aún siendo amigo personal de 'Txitxo' (como todos llaman al antiguo 'burukide', que se enfrenta a una petición de 54 años de cárcel) y que se pidan 32 años de prisión (la tercera pena más alta) para él, parece que se ha quedado fuera de las conversaciones con Josu Izaguirre.
«El pilar fundamental de nuestra decisión es salvaguardar el derecho de defensa de los acusados», ha subrayado el juez Jaime Tapia tras deliberar con sus compañeros de tribunal, Elena Cabero (que será la encargada de redactar la sentencia) y Raúl Aztiria., y dar el visto bueno a la petición unánime de la sala.
Pero los quince días que quedan por delante puede que no sean suficientes. «Necesitamos tiempo», ha subrayado Josu Izaguirre. Los abogados consultados han reconocido que el pacto debería incluir al 90% de los acusados y algunos de los delitos serían complejos de asumir, ya que varios siguen empleados en la Administración pública y esto podría acarrearles una inhabilitación. De momento, y de manera unánime, han accedido a «explorar una vía de posible acuerdo».
Hasta el comienzo del mes de octubre se celebrarán dos o tres reuniones por cada uno de los 26 imputados que, de momento, con la solicitud de suspensión de la vista y su beneplácito para negociar con el fiscal Izaguirre aproximan una condena para exdirigentes del PNV.
De esta manera ha quedado suspendida la declaración prevista para este lunes de Alfredo de Miguel. Su abogado ha defendido ante la terna de magistrados que las «nuevas circunstancias» -en clara referencia a la negociación con la Fiscalía- pueden ser «de calado» y, por lo tanto, «incidir en los intereses» de su cliente. El resto de los abogados han asumido el mismo discurso y han apoyado la solicitud de «suspensión» del juicio durante quince días o incluso un mes, el tiempo máximo que un procedimiento puede estar en 'stand by'.
Desde el primer minuto del juicio y en las 44 vistas públicas que ya se han celebrado, el resto de letrados habían asumido sin rechistar el liderazgo de Gonzalo Susaeta -algunos llegaron a calificar las acusaciones del Ministerio Público de «relato fabulado», «huérfano de prueba» e incluso «rocambolesco», y acusaron a la Ertzaintza de «enriquecer» pruebas- ven cómo ahora éste se desmarca y accede a asumir parte de culpa a cambio de que De Miguel no pise la cárcel. «Esto lo cambia todo. Esto es como volver a empezar», reconocía uno de los letrados en los pasillos del Palacio de Justicia de Vitoria.
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