La Audiencia de Álava también da carpetazo al 'caso Epsilon'

Por esta operación estaba imputado Julián Sánchez Alegría, que fue presidente de la red de parques tecnológicos del País Vasco hasta que el socialista Patxi López accedió a Ajuria Enea y que también se sentó en el banquillo por el 'caso De Miguel'. La Fiscalía le acusaba por malversación, prevaricación y administración desleal por comprometerse a asumir las instalaciones de Epsilon Euskadi –proyecto que 'devoró' casi 48 millones de euros de dinero público– si la firma fracasaba. El Ministerio Público consideraba que se había excedido su objeto social.

En un auto firme y contra el que no cabe recurso, sin embargo, los magistrados respaldan el trabajo de Sánchez Alegría, que se basó en el criterio de los técnicos y buscaba «estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial», es decir, el objetivo que se les supone a los centros tecnológicos. «Es altamente probable que los responsables del PTA (el parque de Miñano, Álava) no quisieran garantizar o avalar a Epsilon, sino que pretendieran llevar a cabo tal objeto social, con independencia del resultado concreto beneficioso o perjudicial que su formalización obtuviera», se lee en el fallo.

Es más, el juez Tapia –que con Aztiria coincide en el tribunal del 'caso De Miguel', que en diciembre fue visto para sentencia– suscribe que el edificio y el túnel del viento que 'heredó' la Administración tras el fracaso del sueño automovilístico indica que «tiene un valor superior al del préstamo (...) puesto que existen diferentes tasaciones de este inmueble que indican que su valor supera los citados 16.485.638, 46 euros, concretamente 24 millones de euros y 18.072.832, 29 de euros». Unas instalaciones que permanecen vacías desde 2011 y que, como constató hace un mes una visita de las Juntas Generales de Álava, ha quedado obsoleto por la evolución tecnológica.

La terna de magistrados tampoco aprecia que Sánchez Alegría incurriera en un delito de administración deseleal, al considerar que «no existen indicios» de que con sus actuaciones buscase destinar caudales públicos «a usos ajenos a la función pública».

A esta nueva decisión judicial hay que sumarle la sentencia suscrita en julio de 2016 que, a grandes rasgos, supuso desestimar todas las acusaciones sobre Joan Villadelprat, y su director financiero, Mark Phillip Paine por la supuesta descapitalización de la compañía. Un asunto que después fue zanjado en el Supremo. En el Juzgado de lo Mercantil, el experto catalán sí que fue condenado a pagar 900.000 euros por la quiebra de Epsilon.