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Esta mañana, EL CORREO publicó una entrevista con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal en la que anuncia la concesión de una decena de terceros grados a presos de ETA que están en cárceles vascas y aboga por el fin ... de cualquier medida penitenciaria «de excepción». Sólo unas horas después, comienzan a escucharse las primeras reacciones desde el mundo de las asociaciones de víctimas. El consejero de la AVT, Miguel Ángel Folguera, recuerda que, en relación a este colectivo, «seguimos exigiendo la colaboración con la justicia y la satisfacción de las responsabilidades penales tal y como exige la ley». Y la AVT va un paso más allá y anuncia que «pediremos a la Fiscalía que revise las decisiones adoptadas para que compruebe que se ajustan a esa legalidad».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene la potestad de revisar los terceros grados que concede el Gobierno vasco a solicitud de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios. De hecho, la propia consejera Artolazabal ya avanza en la entrevista que, en caso de que tumben sus propuestas, mejorarán «los expedientes, para que sean perfectos en forma y de fondo».
A juicio de Folguera, «con los presos de ETA nunca se han aplicado medidas legislativas o de política penitenciaria de excepción. Se les aplica la legislación ordinaria que establece unos requisitos específicos dadas las particularidades de los delitos de terrorismo».
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