«Animamos a utilizar el euskera en el patio, pero nuestra función no es supervisar»

– Eso es.

– Uno es «priorizar» el euskera, también en las relaciones informales entre profesores y alumnos. ¿Cómo se va a supervisar?

– Nuestra función no es supervisar. Lo que se anima es a que en las relaciones formales, en el currículo, en las aulas, etc. se trabaje con el euskera como eje estratégico, independientemente de cuál pueda ser la realidad de cada centro. Y también promovemos que se trabaje para que en espacios no formales, como pueda ser un patio, el euskera también tenga su presencia.

– Las ikastolas amenazaron con no guardar las plazas para alumnos vulnerables si eso implicaba dejar a otros estudiantes fuera. Si esto hubiese sucedido con la ley en vigor, ¿habrían perdido la financiación?

– Y sin la ley también. Hay un decreto de admisión, hay una orden de admisión y lo que se ha establecido es que todos los centros financiados con fondos públicos tienen que reservar un número de plazas para alumnos vulnerables. Y cada uno tiene un límite y no puede sobrepasarlo. No hay más.

– ¿Ha habido centros que hayan matriculado a más alumnos de los que tenían autorizados?

– Todavía no ha terminado el proceso porque está la posibilidad de los recursos de alzada hasta el 22 de mayo. Y aquí quiero subrayar un dato importante. El 94% de las familias han obtenido plaza en su primera elección. Vamos a ver cómo trabajamos para que, respetando el derecho que tienen todas las familias a elegir el centro, podamos también trabajar en contra de la vulnerabilidad y la segregación. O, dicho de otra manera, en favor de una mayor cohesión social.

– ¿Cuánto le va a costar al Gobierno la gratuidad de la concertada?

– Eso está definido en la memoria de la ley. En los próximos años nuestra prioridad son las inversiones en la escuela pública y ahí hemos definido una cantidad de unos 800 millones para los diez próximos años. Este proceso evidentemente va a exigir un esfuerzo económico. Vamos a ver qué traducción tiene en los presupuestos.

– ¿El desarrollo de esta ley va a estar condicionado a la disposición presupuestaria?

– Claro.

– Pero si no hay dinero suficiente en unos Presupuestos para asumir la gratuidad de la concertada y ésta, a su vez, no puede cobrar cuotas a los padres, ¿cómo se va a financiar?

– Pero esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Si nosotros estamos financiando una figura determinada a un 70% en el ámbito de la concertada, pues es evidente que el 30% restante de algún sitio tiene que salir. Nosotros lo que pretendemos es que en la misma medida en que nosotros incrementamos la financiación a los centros concertados, también se vean decrementadas las cuotas.

– ¿Qué cuotas o qué conceptos van a poder cobrar los colegios concertados a las familias?

– Por la enseñanza, ninguno. A partir de ahí, se podrán cobrar unas cantidades u otras. Nosotros seremos los que posibilitaremos esos cobros y además los publicitaremos en nuestra página web.

– La legislación actual ya contempla la prohibición de cobrar cuotas. ¿Cuál va ser el nuevo instrumento que garantice que ese dinero va adonde tiene que ir?

– Más financiación. Lo que nosotros pretendemos es que existan, progresivamente, los recursos suficientes para que los centros concertados puedan impartir las enseñanzas de manera gratuita. Tenemos dos instrumentos. Uno es la auditoría. Y segundo, que nosotros haremos público lo que cada centro va a cobrar y en qué conceptos. O sea, que seamos totalmente transparentes.

– Si se impide a esos centros concertados cobrar cuotas, ¿cómo se garantiza su viabilidad?

– Nosotros vamos a regular, con las patronales, un marco de juego. Lo que no va a ser posible es que dentro de ese marco haya quien quiera financiar, por llevarlo a un extremo, una piscina. Pues no. Nosotros daremos la financiación necesaria y suficiente para que las familias, cualquier familia, pueda acceder a cada centro en igualdad de condiciones. A partir de ahí, lo que determinadas personas jurídicas quieren hacer… Eso ya se escapa un poco de lo que es nuestro objeto.