Las administraciones vascas podrán «obligar» a hacer las oposiciones en euskera

El Consejo de Gobierno, que cada semana reúne al lehendakari con sus once consejeros -ocho jeltzales y tres socialistas-, iba a dar el visto bueno al proyecto para actualizar un decreto de normalización del euskera en el sector público que data de 1997. Un cuarto de siglo en el que la proporción de funcionarios que acreditan un perfil lingüístico ha subido del 25% al 70% a medida que las administraciones iban reforzando su exigencia en una sociedad cada vez más bilingüe. En los últimos años, sin embargo, numerosas sentencias judiciales han puesto coto a ese proceso, que también se ha querido extender al personal interino e incluso a empleados de subcontratas.

El proyecto, que involucra a seis de las once consejerías -todas ellas en manos del PNV-, ha sido coordinado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística, cuyo titular es Bingen Zupiria. En la reunión iba a recibir el aval de todos los miembros del Gabinete, incluidos los del PSE-EE. Fuentes del socio minoritario destacan que el texto definitivo es fruto de «meses de negociaciones» y que le darían su plácet al «reunir unos mínimos» pese a que dicen conservar algunas diferencias: «No es el decreto que nosotros habríamos impulsado». En su programa electoral para las últimas autonómicas, las de 2020, los socialistas abogaban por «revisar los perfiles exigidos (...) para ajustarse a las necesidades lingüísticas de cada plaza».

En líneas generales, el decreto, que todavía tiene tiempo de salir adelante en plena recta final de la era de Iñigo Urkullu, plantea que el euskera se convierta en la «lengua de uso normal y general» en el sector público vasco, en el que trabajan alrededor de 150.000 personas. Entre los contenidos del texto, se crean perfiles asimétricos, con niveles orales y escritos distintos según las necesidades de cada puesto, y también se activan nuevas formas de acreditar el conocimiento de la lengua, como realizar las pruebas de acceso en euskera sin necesidad de presentar al margen un título oficial que certifique el nivel.

Una de las novedades más destacadas del decreto es que las administraciones convocantes de una OPE podrán establecer «la realización obligatoria» de las pruebas, o alguna parte de ellas, sólo en euskera. Este extremo es cuestionado por la Diputación Foral de Bizkaia -gobernada también por PNV y PSE-EE-, que en sus alegaciones pidió retirarlo porque «quebraría los principios de la función pública». También plantea sus dudas la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE), el órgano guardián de la legalidad, que si bien finalmente da su aval, advierte de «dificultades» e indica que las pruebas son «un examen técnico para demostrar la aptitud para la ejecución requerida en el puesto», no para hacer una «valoración lingüística».

Este organismo supervisor también ha emitido ciertas objeciones a la decisión de incrementar la valoración del euskera como mérito para acceder a plazas «cuyos perfiles lingüísticos no tengan una fecha de preceptividad o, teniéndola, no esté vencida»; es decir, sin un requisito en vigor en el momento de su convocatoria. La COJUAE critica que se planteen horquillas de porcentajes, «una cuestión no exenta de polémica que históricamente ha permitido la aplicación de una valoración no homogénea de los diferentes perfiles».

En concreto, en función del nivel, ese mérito podrá representar hasta un 20% sobre la puntuación máxima alcanzable en el conjunto del proceso. En la práctica, este precepto dará mayor prioridad en el acceso a la función pública a aquellos que tengan algún perfil lingüístico a pesar de que la plaza a la que aspiran no exija conocimiento del euskera. Dicho de otra manera, que conseguir un trabajo en la Administración será una opción aún más remota para los no vascoparlantes incluso en puestos sin requisito lingüístico en vigor.