iñigo fernández de lucio
Martes, 4 de enero 2022, 13:22
La plataforma impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una renta básica incondicional ha presentado este martes 22.075 firmas en el Parlamento vasco. Es más del doble del mínimo exigido para que la ILP sea debatida en la Cámara. Lo que se ... plantea es otorgar una asignación económica de entre 270 y 900 euros a toda la ciudadanía vasca.
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La iniciativa llegará al pleno del Parlamento a lo largo de 2022, lo cual significa que los partidos tendrán que desvelar cuál es su postura sobre este asunto. Eso es precisamente lo que exigen sus impulsores. «Durante el periodo de recogida de firmas, los pronunciamientos de partidos y sindicatos, tanto sobre la ILP como sobre la propia RBI, han brillado por su ausencia», censuran en un comunicado. «Creemos que ese tiempo de silencio debe finalizar».
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«Entendemos que esa clarificación pública de su postura no es algo que debe realizarse como respuesta a una demanda de esta promotora, sino por un elemental ejercicio de transparencia política para con toda la ciudadanía vasca», continúa el texto. «Y el Parlamento debe ser el primer foro donde esa transparencia se ponga de manifiesto».
A lo largo de los próximos meses, un representante de la plataforma impulsora acudirá al pleno de la Cámara a defender la propuesta. Será la tercera vez que sucede algo así. A continuación, la ILP será sometida a votación para dilucidar si se tramita como proposición de ley.
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Mientras ese momento llega, los promotores califican el paso dado este martes como «un salto adelante» para que la renta básica pueda convertirse, en el futuro, «en una herramienta de política social y económica, que nos permita avanzar hacia una sociedad mejor, capaz de acabar definitivamente con la pobreza, y de poner la vida en el centro».
A grandes rasgos, los promotores consideran necesario que el Ejecutivo autonómico implante una asignación económica universal para todos aquellos ciudadanos que lleven al menos tres meses empadronados en el País Vasco. La prestación se fijaría en 900 euros mensuales, «el umbral económico por encima de la pobreza», para todos los mayores de edad o menores de esa edad emancipados, «con independencia de si tienen o no empleo». Alcanzaría los 450 euros para personas de entre 14 y 18 años no emancipadas, y los 270 euros para las que tengan menos de 14 años. El objetivo es «acabar con las situaciones de pobreza».
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El debate no es nuevo. Existen propuestas similares e incluso proyectos pilotos en países como Finlandia, Canadá y Estados Unidos. Incluso en el Parlamento Europeo se está tramitando una iniciativa legislativa popular parecida, que en estos momentos se encuentra en el proceso de recogida de firmas.
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