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Bajo la forma de una resolución parlamentaria, aprobada por el Congreso en el marco del debate sobre el estado de la nación, el PSOE y el PP (además de Ciudadanos, Foro, Coalición Canaria, Teruel existe y la abstención de Vox) decidieron impulsar «un escenario de ... incremento presupuestario de Defensa para lograr el objetivo del 2% del PIB». No puede decirse que este objetivo sea novedad ya que en la cumbre de la OTAN de Madrid el Gobierno asumió este compromiso que, por otra parte, venía siendo desde hace años una petición reiterada de EE UU a todos los países de la Alianza.
Si bien las resoluciones parlamentarias no tienen fuerza vinculante directa y sus efectos se limitan a instar al Ejecutivo a que actúe en el sentido fijado en el texto aprobado, no por ello cabe restar importancia a lo que en ellas se acuerda ya que marcan la orientación a seguir por el Gobierno, y por las formaciones políticas que las suscriben, en los próximos años. En el caso que nos ocupa, el objetivo del 2% del PIB supone una duplicación del gasto militar (del 1,01% al 2%, según los datos proporcionados con motivo de la cumbre de la OTAN); lo quecomporta un incremento nada despreciable, en un periodo temporal breve (2023-2029), del gasto destinado a fines militares.
No vamos a entrar en la forma de cuantificar el gasto militar, que es muy superior a lo que registran los Presupuestos Generales del Estado que anualmente aprueban las Cortes; en ellos no constan los créditos extraordinarios que asiduamente se aprueban sin que computen en los PGE anuales. El 5 de julio, al calor de la euforia 'otanista', se aprobó un crédito extraordinario milmillonario (1.017 millones, según la información de estos días) que no figura ni en los PGE del año pasado ni en los del siguiente pero que, sin embargo, son gastos militares reales. La aguda polémica suscitada en torno a esta operación, que ha afectado a la estabilidad de la propia coalición gobernante, es una muestra de la relevancia de estos créditos extrapresupuestarios.
Hay que tener presente, además, que de acuerdo con las propias declaraciones, en Madrid y en otros foros, de la máxima autoridad política de la OTAN, su secretario general Jens Stoltenberg, el 2% del PIB no debe ser considerado un 'techo' de gasto sino, más bien, un 'suelo' de las aportaciones que los países de la OTAN deben realizar a las arcas de la Alianza. Cabe preguntarse por qué el 2% (como 'techo' o como 'suelo') y no el 1% o el 5% (sin pretender dar ideas); parece más razonable determinar primero las necesidades de defensa y, a partir de ellas, fijar la cantidad para cubrir los gastos que comportan esas necesidades, que es como se hacen las cuentas en todas partes.
A pesar de no tener efectos vinculantes, no cabe desconocer que las resoluciones parlamentarias sir ven para reflejar con nitidez la situación política y, en particular, las relaciones entre el Gobierno y la oposición y, asimismo, las relaciones en el seno del Ejecutivo (en este caso de coalición) y las fuerzas opositoras. Y a este respecto hay que constatar que la posición adoptada por las distintas formaciones prefigura un reagrupamiento de fuerzas en el Parlamento ante cuestiones especialmente sensibles, como la OTAN, que incide de lleno en la reconfiguración de un mapa político que no está aún definitivamente cerrado.
No todas las resoluciones parlamentarias tienen los mismos efectos políticos. La gran mayoría de las 41 resoluciones aprobadas (de entre las 138 propuestas) en el debate sobre el estado de la nación han pasado desapercibidas. No es el caso de la relativa a los gastos militares en relación con la OTAN, que va a seguir suscitando polémicas y siendo un factor cuya incidencia en el proceso político no va a ser posible obviar.
Uno de los efectos colaterales de la cumbre de Madrid (y más concretamente del compromiso del 2% de gasto) ha sido el de la reactualización del debate sobre los gastos militares necesarios (y también los innecesarios) que hemos de afrontar y sobre su cuantía y destino. Se trata de un asunto controvertido que, a pesar de no haber tenido un hueco relevante en el debate público últimamente -lo que no ha impedido que se hayan adoptado importantes decisiones en esta materia-, ha vuelto a reaparecer en el escenario político actual y sin duda no va a dejar de ser objeto de discusión en un futuro próximo.
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