No llegan a Miranda por casualidad, lo hacen porque cuentan con una pequeña red de apoyo, ya sean familiares, amigos o tan solo conocidos, que les sirven de 'paracaídas' en un proceso nada sencillo como es el de la inmigración. Y no sólo en lo ... emocional o en lo económico, también en lo legal. Un camino este último en el que cuentan con el acompañamiento de Cáritas, entidad a la que muchos de los recién llegados realizan casi su primera visita una vez instalados en la ciudad.
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Su programa jurídico atendió el pasado año a 609 ciudadanos, de los que el 80% eran inmigrantes. Un total de 483 personas llegadas de otros países. Un número que este ejercicio va en aumento, pese a las mayores restricciones de movimientos derivadas de la pandemia. Por el despacho de la abogada del colectivo en la sede de Cáritas en la calle Río Ebro han pasado ya 499, de los que 389 eran extracomunitarios. Entre ellos, en esta ocasión, sí que ha habido dos ciudadanos que han precisado apoyo para regresar a Marruecos y Ecuador porque se quedaron 'varados'; pero el resto ha llamado a las puertas de la entidad para lo contrario, para quedarse en España.
De hecho, no han cambiado «las inquietudes» a las que da respuesta el servicio. Fundamentalmente, han atendido a población foránea no comunitaria, a la que tratan de apoyar para solucionar su situación administrativa de extranjería. «Ese es el grueso. Primero es ver cómo nos regularizamos, después cómo mantenemos esa regularización y podemos traer a nuestra familia y una vez que nos hemos asentado cómo obtenemos la nacionalidad», explicó Lidia Andueza, la abogada del colectivo.
El primer paso es, sin duda, «el más complicado». Y lo es por las dos vías por las que se puede hacer. Una es la solicitud de asilo, fórmula que ha aumentado en los tres últimos años, fundamentalmente por la situación de Venezuela, aunque la obtención no resulta sencilla. «Tienen que acreditar la persecución y cuando alguien sale corriendo de un país es difícil hacerlo. El procedimiento es estricto y hay una investigación muy exhaustiva», valoró.
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La otra es el arraigo social, la autorización por circunstancias excepcionales, para la que «una persona debe estar tres años a la espera de una autorización». Para empezar, tienen que acreditar documentalmente que carecen de antecedentes penales tanto en su país de origen como aquí, una situación que han de mantener durante todo el proceso, porque también se les requerirán esos mismos trámites para las renovaciones de papeles. Y es que si durante el tiempo que permanecen en el país comenten algún delito, les van a denegar la renovación. Eso es algo que la letrada cree que debe quedar muy claro para acabar con ciertos mitos instalados en parte de la sociedad sobre el poco control que se realiza sobre la gente que llega.
En el caso de Miranda, al menos así lo refleja la estadística, llegaron principalmente personas de entre 25 y 45 años, más mujeres que hombres y repartidos, en el caso de los adultos, casi a la mitad entre solteros y casados. Si bien, entre ellas son mayoría las que vienen de Latinoamérica y entre ellos, de África. En la mayoría de los casos, eso sí, emigra un miembro de la familia, y después, una vez que cumple todos los requisitos que tiene que cumplir, es cuando solicita la reagrupación de su familia.
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Pero antes de llegar a ese punto, hay que obtener la primera autorización de residencia y de trabajo por circunstancias excepcionales y para ello deben demostrar que llevan en el país tres años. Y «un simple padrón municipal no sirve. Tienes que acreditarlo haciendo cursos formativos, talleres… con documentación de aquí». De ahí que en cuanto llegan acudan a Cáritas para empezar a realizar actividades y que el tiempo empiece a correr.
Aunque el calendario avanza lento en esas circunstancias. Y es que resulta difícil «vivir» durante tres años de manera muy precaria. «Es duro vivir sin tu familia, con unas circunstancias económicas muy difíciles. Psicológicamente machaca mucho porque han dejado atrás lo que era su vida y si tienen mujer, marido o hijos, se enfrentan a tres años sin verlos. El día a día es muy duro. Son tres años viviendo en la economía sumergida», valoró.
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389 extranjeros extracomunitarios ha atendido este año Cáritas, entre los que, por este orden, destacan los procedentes de Latinoamérica, del norte de África y, después, del África Subsahariana. En último lugar Asia. Si ponemos el foco en el lugar de origen desde el que más llegan, de América Latina, por países destacan los originarios de Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Bolivia.
No hay que olvidar que durante ese tiempo no se les puede contratar de forma regular y que, además, sólo tienen derecho a ayudas sociales básicas puntuales de la administración local, como unas gafas que pueda necesitar un niño y se las paguen, o las que les puedan prestar la propia Cáritas o Cruz Roja. Se quedan fuera tanto de la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Ingreso Mínimo Vital o ayudas al alquiler.
Para todas ellas lo primero que te piden es tener una situación regular. Salvo en las ONG. De hecho, en Cáritas disponen también de un par de pisos de su propiedad y otros dos cedidos en los que alojan de manera temporal a quienes no tienen otra opción. «Son viviendas de tránsito en las que procuramos hacer un proyecto en el que el final sea 'tengo papeles, he solventado mi situación y puedo tener un contrato de alquiler'. Lo que se busca es que durante un periodo la vivienda o la alimentación no sea un problema más añadido a los que ya tienen. En la medida que podemos, evidentemente».
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Durante los tres años que pasa hasta que pueden solicitar los papeles, «toca sostenerlos» sabiendo que al final el que se empeña en sacar su documentación la va a obtener. «Esto es una carrera de fondo, hay que mantenerse y no perder la esperanza en ningún momento. Al que se esfuerza, hace cursos formativos, le va a llegar la oferta que necesita y obtendrá su documentación». El proceso es el mismo para todos, también para aquellos que tienen titulaciones superiores. «Algunos llegan con unos currículum impresionantes», pero la homologación tampoco es sencilla y requiere mucho tiempo, por lo que, «tienen que trabajar donde nadie quiere hacerlo. Pero, al final, les dará su sitio».
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De hecho, recordaba el caso de una ingeniera rumana que tras muchos años como empleada de hogar, está ocupando un cargo relacionado con su profesión. «Son personas con mucho tesón». Y no solo para la homologación de titulaciones. De hecho, en las dos décadas que la abogada lleva vinculada al programa jurídico de Cáritas, sólo recuerda a una persona que renunciara a obtener los papeles durante ese periodo inicial de tres años. Y lo hizo aconsejada por la entidad y por su familia para que volviese a su país de origen a completar unos estudios que estaba a punto de acabar en los que tenía un expediente brillante.
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«En general la gente se mantiene. La persona que ha cruzado el estrecho lo hace porque allí no queda nada. No nos damos cuenta, quien viene en una patera viene a vivir. Eso lo dice todo. Nadie va a volver. Cuando alguien deja a su familia, con todo lo que eso supone, lo tiene muy claro. Los llegados de África, cuando solicitan la nacionalidad española pierden la suya, no pueden tener la doble, salvo si son de Guinea Ecuatorial que fue colonia española, y estoy haciendo muchas nacionalizaciones. Ellos se sienten ya de aquí porque España les ha dado una oportunidad. Hay gente que no ha vuelto a su lugar de origen ni de vacaciones, son los menos, pero hay quien no tiene ninguna gana».
En el caso de Latinoamérica suele ser distinto porque mantienen las dos, la de aquí y la del lugar del que proceden. A esos lugares sí que hay gente que ha retornado, pero también que están volviendo por segunda vez y vuelven a llamar a las puertas de Cáritas para gestionar recuperaciones de residencias permanentes. Hubo gente que se fue en los peores momentos de la crisis y ahora regresa porque han visto que allí no pueden vivir. Aunque los trámites sean más sencillos sí que te solicitan, entre otras cosas, los antecedentes penales.
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Pero aunque no se vayan para luego regresar son muchos años los que tardan en completar el proceso hasta llegar a una nacionalidad. Hay que tener en cuenta que a los tres años iniciales consiguen la residencia por arraigo, después la tienen que renovar cada dos años, hasta que consiguen la permanente que tiene que renovar también cada cinco. Lo mismo ocurre si llegan con un visado de un año, porque pasado ese tiempo les tocará también ir haciendo papeles cada dos y cada cinco en el permanente….
Y eso sin olvidar que si no se cumplen los requisitos exigidos pierdes la documentación y tienes que volver a empezar. Por ejemplo, «para renovar una autorización de trabajo has tenido que cotizar seis meses a jornada completa y tener un contrato en vigor. Si no cumples los requisitos, vuelves al inicio. Tener empleo es fundamental para mantener la documentación, si no lo logras tu autorización va a decaer y vuelves al punto uno».
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Ahora mismo, en la situación actual de pandemia «estamos en una época muy mala, verdaderamente mala para el trabajo, pero al final el que se empeña en conseguirlo y es buen trabajador lo logra». De hecho, durante el estado de alarma, pese a tener la sede cerrada, en Cáritas han estado atendiendo vía online, aunque no siempre esos colectivos disponen de medios informáticos para llevar a cabo trámites. Un aspecto que ha centrado buena parte del apoyo. «No hemos notado un bajón de actividad, aunque puede que a final de año las reagrupaciones sean menos, porque hay gente que puede tener dificultades para que sus familiares salgan de su país para llegar aquí», concluyó.
No todos los que se acercan a Cáritas, a su servicio jurídico, son extranjeros, también les hay españoles. De hecho, el año pasado fueron 126 los que se acudieron a la entidad y este año la estadística ya recoge 110 entre nacionales y comunitarios. En su caso, evidentemente, no son los trámites para legalizar su situación los que les llevan a pedir apoyo.
En este caso suele ser la falta de liquidez económica y las dificultades para pagar un abogado lo que les hace contactar con el colectivo para un primer asesoramiento. Suelen ser personas que antes han pasado por programas de acogida, de sin hogar… en los que han visto que necesitan esa asistencia jurídica. Tras ese apoyo inicial se les deriva al Turno de Oficio.
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