El Tribunal Constitucional alemán abrió este miércoles un enorme socavón en las arcas que maneja el tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales que gobierna Berlín al declarar anticonstitucionales los segundos presupuestos extraordinarios aprobados en 2021 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de ... coronavirus. Tras superar la pandemia y encontrarse con un excedente de 60.000 millones de euros, el Ejecutivo que lidera el canciller federal, Olaf Scholz, pactó desviar ese dinero al Fondo para el Clima y la Transformación (KTF), una decisión que ahora han desautorizado los jueces del máximo órgano judicial germano.
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El propio Scholz reconoció poco después de anunciarse la sentencia que esta tendrá «consecuencias inmediatas» y que los 60.000 millones de euros que se iban a destinar, entre otras cosas, a promocionar la eficiencia energética y subvencionar el aislamiento térmico de edificios «ya no se encuentran a disposición». El revés judicial obliga «a hablar sobre un nuevo plan financiero» y negociarlo con sus socios verdes y liberales. El titular federal de Economía, el ecologista Robert Habeck, subrayó que el KTF financia también proyectos relacionados con la movilidad eléctrica, la geotermia o las calefacciones comunales a nivel municipal, y aseguró que, pese a la sentencia, «se cumplirán todos los compromisos adquiridos».
Otros nuevos solo serán posibles cuando se apruebe el nuevo plan financiero y unos revisados presupuestos generales, dijo Habeck, cuya formación considera la sentencia una catástrofe para el Gobierno. «Los planes del programa del Fondo para el Clima y la Transformación son extremadamente importantes para la protección del clima, la descarga económica de los ciudadanos y una política económica de futuro. Son el núcleo de la política de esta coalición«, afirmaron las líderes parlamentarias de Los Verdes en el Bundestag, Britta Hasselmann y Katharina Dröge.
Los jueces del Constitucional germano atendieron una demanda de la oposición conservadora, a la que dieron la razón cuando establecieron que el Gobierno federal atentó contra la legislación que establece el llamado freno a la deuda y subrayaron que el Ejecutivo tenía que haber argumentado y justificado con exactitud la conversión repentina de una deuda asumida para combatir la pandemia de coronavirus en un crédito para luchar contra el cambio climático. Una maniobra que fue ejecutada por el ministro federal de Finanzas y presidente del Partido Liberal, Christian Lindner, obligado ahora a suspender los pagos del KTF hasta que se decida cómo será financiado a partir de ahora.
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