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La noche del domingo fue tensa en dos de las ciudades más importantes de Bolivia como La Paz y El Alto. La histórica dimisión del presidente Evo Morales, tras 14 años en el poder, fue aprovechada por los ciudadanos más afines a su gobierno ... para elevar la tensión. Viviendas de líderes políticos ardieron, también las de periodistas y una flota de autobuses. El precio de la crispación en Bolivia venía creciendo desde primera hora de la mañana del domingo, cuando Morales anunciaba su renuncia en rueda de prensa tras las presiones recibidas por el presunto fraude electoral.
El opositor Waldo Albarracín denunció en su cuenta de Twitter que «una turba de masistas» -simpatizantes del partido de Evo Morales- habían quemado su casa. Además, los servicios municipales de la capital, La Paz, confirmaron que ardieron hasta 15 autobuses durante la noche. Los políticos no fueron los únicos que sufrieron la crispación que se vivia en las calles. Una periodista de la Televisión Universitaria, Casimira Lema, denunció que su casa había sido incendiada.
La libertad de prensa también se vio afectada. Los manifestantes irrumpieron contra un diario crítico de Morales, que escribió en su portal: «Ante la ola de terror que se ha desatado en la ciudad de La Paz, el periódico Página Siete suspende sus labores por seguridad».
El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y los miembros de la embajada de Venezuela en el país también han sufrido los disturbios esta madrugada. Al primero le robaron la documentación. Después, la embajada fue ocupada por los manifestantes. También se produjeron saqueos a una granja avícola creyendo que era propiedad del líder de las protestas contra Morales, el empresario y abogado Luis Fernando Camacho.
Se había convertido en un clamor, pero Evo Morales se resistía a dar el paso. No sucumbió hasta que el Ejército y la Policía le retiraron su apoyo y se sumaron este domingo a las presiones, sugiriendo que el presidente debería dimitir para pacificar el país. Poco después, Evo Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, comparecía en la televisión y anunciaba su marcha. «Renuncio a mi cargo de presidente para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a dirigentes sociales», explicó el líder boliviano en alusión a los dirigentes opositores que alentaron las protestas a raíz del fraude en las elecciones del 20 de octubre, confirmado ayer mismo por la Organización de Estados Americanos (OEA). Con Morales se va su vicepresidente, Álvaro García Linera. «El golpe de Estado se ha consumado», sentenció el 'número dos'.
El líder indígena eligió su cuna política, en la zona cocalera de Chimoré (Cochabamba), para anunciar su renuncia. Hasta allí se había desplazado por la tarde en el avión presidencial. «Nuestro gran deseo es que vuelva la paz social», explicó el presidente dimisionario, quien advirtió también: «El mundo entero, que sepa cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia». En el mismo sentido, alegó que dimite «para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS (Movimiento Al Socialismo) no sigan hostigados, perseguidos, amenazados», en referencia a los ataques de los últimos días a las propiedades de algunos ministros y familiares.
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Evo Morales insistió en calificar lo ocurrido como «golpe de estado» y advirtió que «la lucha no termina acá. Vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y la paz», al tiempo que acusó a la OEA de haber tomado una «decisión» política» y no técnica al ordenar la repetición electoral». Su «pecado», dijo, es «ser dirigente sindical, indígena y cocalero», y denunció que ofrecieron 50.000 dólares a sus escoltas para entregarlo, señalando a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho si algo le sucede.
Inmediatamente después del anuncio, las calles de La Paz se convirtieron en una fiesta, con miles de manifestantes ondeando banderas bolivianas. Entre los más satisfechos, el líder opositor Carlos Mesa y rival de Morales en las elecciones Carlos Mesa, quien escribió en Twitter: «Nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica».
Era el colofón a una jornada en la que los acontecimientos se precipitaron en Bolivia, después de tres semanas de protestas. El día había comenzado con el anuncio de Morales de que convocaría nuevas elecciones generales y renovaría la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a fin de «bajar la tensión» en las calles del país tras la ola de violencia que se ha recrudecido en los últimos días. El informe negativo de la OEA sobre los comicios le obligaba a responder al clamor popular que exigía repetir las elecciones. El organismo auditor denunció una «clara manipulación» del sistema de transmisión de resultados que otorgó la victoria en primera vuelta a Morales.
Si Morales pretendía cortocircuitar con esta cesión las crecientes demandas de dimisión, le salió mal. Tras conocerse el dictamen de la OEA, voces de la oposición pidieron que Morales no participase en los nuevos comicios por ser «responsable de fraude». Algunos, como Carlos Mesa, fueron más allá y cuestionaron la legitimidad del presidente para seguir en el poder: «Si le queda un ápice de patriotismo debería dar un paso al costado», dijo.
Las primeras manifestaciones comenzaron la misma noche electoral, después de que se suspendiera la transmisión de los resultados oficiales, cuando todo apuntaba a una segunda vuelta entre Morales y el opositor Mesa. La transmisión se retomó 24 horas más tarde y el recuento final dio la victoria en primera vuelta a Morales por un ajustadísimo margen. La oposición denunció entonces un «fraude gigantesco» y pidió una auditoría vinculante de la OEA, que Morales aceptó.
Treinta especialistas de este organismo han analizado los resultados de los comicios presidenciales y han encontraron irregularidades en todos los parámetros investigados. Los auditores revelaron este domingo que hubo datos que fueron desviados a un servidor externo, fuera de la red oficial, quemas de actas, falsificaciones y una cadena de custodia de las urnas más que cuestionable.
Las horas previas al dictamen de la OEA fueron de gran tensión. En la región de Oruro, en el oeste de Bolivia, se registraron más de 30 heridos en una «emboscada» a una caravana de autobuses que se dirigía a las protestas de La Paz. Durante la noche, grupos radicales tomaron medios de comunicación y agredieron a periodistas, y los ministros de Hidrocarburos y Minería y el presidente de la Cámara de Diputados, entre otros, presentaron su dimisión por ataques a sus domicilios y a familiares.
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