Abismos al otro lado de los Andes

La subida del precio de los combustibles en Quito, el alza del precio del metro en Santiago, o el fraude en los comicios celebrados en La Paz, son los detonantes de conflictos larvados en las repúblicas ribereñas del Pacífico. Todos han sufrido graves problemas sociales y políticos a finales del pasado siglo que se proyectan en la actualidad, tanto en sus edificios sin acabar como en las enormes dificultades de su población para seguir adelante.

La crisis financiera que expulsó a la décima parte de los ecuatorianos; la dictadura de Pinochet y sus expeditivas recetas de liberalismo económico, y la apropiación de ocho millones de hectáreas por la oligarquía colombiana gracias a su largo proceso bélico, han agudizado ancestrales diferencias sociales en sus respectivos países.

El resultado abre abismos insalvables en sociedades tabicadas. El coeficiente de Gini mide esas distancias internas con valores que discurren entre 0, que correspondería a una sociedad idílicamente igualitaria, y 1, en la que un individuo poseería la totalidad de los recursos económicos. Los extremos no existen, aunque Islandia y Sudáfrica son los Estados que más se acercan a la utopía y la injusticia más brutal, respectivamente. Curiosamente, Chile, ese país que se antojaba la plácida excepción dentro de la convulsión latinoamericana, es el segundo más desigual. La inusitada ola de violencia que aún la azota tiene sus raíces en una situación prácticamente insostenible.

Las elites han dominado la política latinoamericana desde su emancipación de España y la historia no ha sido benevolente con su gestión política. Latinoamérica perdió una década en los años ochenta, cuando la bancarrota financiera y la deuda externa hicieron mella en su población, pero tras ella pareció alumbrarse un periodo de progreso que alentó los índices de desarrollo global pero no favoreció la movilidad social con idéntico entusiasmo. La reducción del paro y las bolsas de pobreza resultaron poco más que un espejismo tras la última crisis económica, la misma que sigue mostrando sus zarpazos en todo el continente.

El índice de Gini advierte sobre la posibilidad de grandes contratiempos cuando se supera el 0.4 y todos los Estados trasandinos superan este valor, tan rentable para las empresas de seguridad privada y la delincuencia organizada. Pero el análisis resulta aún más complejo. Las cifras varían en el interior de cada país si hablamos de áreas urbanas y rurales, aún más perjudicadas, o entre los colectivos criollos e indígenas y afroamericanos, situados al fondo del precipicio. Bolivia, que se enorgullece de quince años de políticas de equidad gracias a la inversión social de los beneficios de la industria petrolífera, mantiene todavía elevadas distinciones entre esas comunidades.

La incompetencia de los gobiernos de derecha e izquierda para asumir políticas redistributivas resulta evidente. No se libra del fracaso ninguno de los aludidos, ni los gobiernos socialdemócratas chilenos, los populistas ecuatorianos o los profundamente conservadores de Colombia. El retroceso ha quedado también probado en estudios como el recientemente publicado por Oxfam que señala que los conflictos sociales en Perú han pasado de 850 en 2005 a 8.616 diez años después. Las razones generales apuntan a la falta de justicia tributaria y políticas eficaces que favorezcan los derechos económicos de los más débiles.

Pero hay otras explicaciones aún más turbias. El análisis de la ONG también alude a la débil gobernabilidad sobre las industrias extractivas, una explicación benevolente para aludir al creciente poder de las multinacionales mineras, principalmente ligadas a los hidrocarburos y la explotación aurífera, pero también a aquellas vinculadas a la producción de los biocombustibles, capaces de producir desalojos de comunidades nativas y campesinas en su afán por acaparar tierras. La violencia, explícita o larvada, sigue azotando a estos países.

El último impacto de la recesión global ha mostrado los costurones de sociedades desequilibradas, mal avenidas, donde el racismo y la miseria persisten, el clientelismo sofoca el cambio político y la ignorancia de grandes capas sociales impide un análisis crítico de las circunstancias.

La pervivencia de una Constitución aprobada durante la dictadura ha sido un argumento esgrimido en el caso chileno, pero la realidad de toda la región no es ajena al continuismo en el poder de una clase política, más allá de su adscripción ideológica, y la manifiesta imposibilidad de cambios radicales. EE UU, la UE y China no parecen tampoco interesados en la implementación de medidas radicales y siguen aplaudiendo éxitos macroeconómicos, fríos, anónimos, y que no suelen bajar a la calle.