Venezuela libera a 70 presos, dos españoles, arrestados por denunciar el fraude electoral

Entre las excarcelanes hay dos españoles: un joven de 20 años y una madre de tres hijos, que habían sido capturados en plena calle durante las manifestaciones ciudadanas de aquellos días. Sus familiares pidieron anoche que se conservara su anonimato. Al parecer, ambos residen en el país latinoamericano desde hace años. El Ministerio de Asuntos Exteriores se limitó a señalar que las familias de los exreclusos habían notificado al Consulado de España en Caracas la «liberación de dos personas de nacionalidad española» y que el departamento trabajaba en su «confirmación oficial».

En las cárceles venezolanas quedan ahora quince españoles, cuatro de ellos mujeres, internados a cuenta de las protestas contra el pucherazo electoral. Cuando las ONG locales anunciaron que entre los primeros «presos políticos postelectorales» excarcelados había dos españoles, se pensó que podrían tratarse de los turistas bilbaínos detenidos inmediatamente después de ingresar en territorio venezolano en el término de Puerto Ayacucho procedentes de Colombia, donde habían pasado varios días conociendo el parque natural de Inírida. José María Basoa Baldovinos y Andrés Martínez Adasme han sido acusados de «terrorismo» y de pertenencia al Centro Nacional de Inteligencia español, según una versión conspirativa del régimen chavista, supuestamente en contra de Maduro.

El Foro Penal, una de las ONG que trabajan a favor de la liberación de los presos detenidos en las redadas de julio y agosto, confirmó anoche que los nombres de los dos jóvenes vascos, de 35 y 32 años, no figuraban en la lista de excarcelaciones. La madre que salió de prisión se encontraba recluida en el Centro de Formación para procesadas La Crisálida, de donde salieron este sábado varias expresas que estarán sometidas a medidas cautelares, seún advirtió el Gobierno. El resto de excarcelados estuvieron ingresados en los penales de Torocón, Carabobo y San Francisco de Yare, donde varias organizaciones humanitarias han denunciado el hacinamiento de las celdas y el régimen «infrahumano» en el que viven los reclusos, con escasas medidas sanitaria y menos recursos alimenticios.

El fiscal explicó durante su comparecencia televisada que la decisión sobre los 225 reclusos se adoptó «luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios». Saab añadió que su departamento y los tribunales «garantizaban» así el derecho a la inocencia de los detenidos, aunque en ningún momento admitió que las autoridades habían encarcelado a inocentes.

Se da la circunstancia de que la medida ha sido tomada tras la muerte el pasado jueves de Jesús Manuel Martínez Medina, miembro del partido opositor Vente Venezuela y testigo electoral en un centro de votación durante los comicios del 28 de julio. Martínez fue detenido en su casa el 2 de agosto y en la actualidad se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Estado de Anzoátegui. Padecía diabetes y una afección cardiaca. Según el Ministerio Público, falleció en el hospital donde se hallaba ingresado, mientras la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia -refugiado en España- aseguró que su compañero murió por las duras condiciones de su encarcelamiento y la falta de medicamentos.

Los líderes venezolanos críticos con el régimen chavista celebraron este sábado las liberaciones, pero recordaron que quedan numerosos presos políticos en el país y «ninguno de ellos debe estar tras las rejas. Todos merecen libertad». La realidad es muy cruda. Se supone que siguen en celdas entre 1.870 y 2.400 personas que se echaron a la calle en agosto para denunciar el fraude en las urnas. Un engaño al que la comunidad internacional da carta de naturaleza y por el que, desde la OCDE y la Unión Europea hasta un elevado número de países, entre ellos Estados Unidos, se piden responsabilidades a Nicolás Maduro.

El líder chavista, sin embargo, no ha dado muestras de hacer caso a los requerimientos y muchos menos de desfallecer, Hace unos días su gabinete pidió, en vano, a la Interpol que cursara una orden de detención internacional contra Edmundo González y ahora prepara una gran «fusión estructural» del ejército y la Policía «en defensa de la patria», según ha anunciado este fin de semana el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Maduro y sus colaboradores argumentan que las denuncias de fraude y las manifestaciones registradas en los últimos meses forman parte de una conspiración «terrorista» para «derrocarle». Su nuevo movimiento, aparentemente para constituir un enorme cuerpo de seguridad a sus órdenes, que incluirá posiblemente a milicias populares, se anuncia a pocas semanas de que tenga lugar la ceremonia para su investidura presidencial, prevista para el 10 de enero. «Uno de los temas que ha salido aquí es cómo parar al fascismo definitivamente», manifestó Diosdado, quien rechazo cualquier inquietud sobre las críticas de Estados Unidos y la Unión Europea. «Ocúpense de sus asuntos que de los asuntos de Venezuela nos ocupamos los venezolanos y las venezolanas», retó.

«Todavía quedan muchos detenidos por la única razón de ser opositores. No son solo 225, son alrededor de 2.000 que deben ser liberados. Hay que seguir siendo la voz de los que permanecen tras las rejas, pasando los momentos más difíciles de sus vidas», señaló anoche el conocido opositor Henrique Capriles en relación a la alarmante ola de represión en el país. Entre ellos, preocupa especialmente el destino de unos 69 adolescentes entre 14 y 17 años que continúan en prisión, según un informe presentado por Foro Penal.

La actuación represiva del Gobierno ha sido calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de terror de Estado, al mismo tiempo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha denunciado al país sudamericano de estar cometiendo crímenes de la lesa humanidad.

El pasado miércoles madres y familiares de adolescentes y presos políticos realizaron una vigilia delante de la cárcel de Yare 3 para exigir justicia y «una Navidad sin políticos privados de su libertad», además de pedir apoyo al mundo para liberar a sus hijos. Varias madres contaron llorando las mil y una actuaciones que han tenido que efectuar para conocer el paradero de sus hijos..

La cárcel de Yare es uno de los tres centros penitenciarios que se encuentran en San Francisco de Yare, en el Estado Miranda. En Yare 2 fue donde estuvieron encarcelados los principales militares que participaron en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, y fue donde el líder de esa revuelta, Hugo Chávez, escribió un manifiesto que tituló 'Cómo salir del laberinto'. Y en Yare 3, la última que fue construida, han sido asesinados 44 prisioneros en motines y revueltas, entre 2011 y 201 2.