Bizkaia ante el reto de crear vivienda

El resumen de la situación es el siguiente: somos menos y hay más casas, pero no son suficientes. Las razones que están detrás de esta realidad son varias. La primera es que cada vivienda la ocupan hoy en día menos personas que nunca, 2,3 frente a las 3,32 de 1991, según los datos del INE. Tres de cada diez hogares, de hecho, son unipersonales, lo que se ha trasladado a la nueva oferta. «Antiguamente hacíamos promociones protegidas de tres habitaciones y ahora son más pequeñas, de dos», corrobora Pedro Jauregui, viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco.

Tenemos ya un motivo, pero hay más causas que justifican el difícil acceso. Está la pérdida de poder adquisitivo, con la inflación disparada, y los bajos salarios de algunos sectores. Un reciente informe del Observatorio Vasco de la Juventud constata que un asalariado de entre 18 y 34 años tiene unos ingresos medios de 1.394 euros al mes, por lo que debería destinar a la compra de un piso casi el 53% de su nómina o ganar un 76,3% más. De ahí que solo cuatro de cada diez estén emancipados.

Y respecto a las soluciones, empiezan a vislumbrarse, pero son a largo plazo. La construcción, por ejemplo, está recuperando cierto ritmo. En 2022 se otorgaron en Bilbao 41 licencias para levantar 500 pisos, 360 de ellos protegidos. A esa reactivación ha ayudado en parte, dice el viceconsejero, «la actualización» el año pasado de los precios de las viviendas protegidas, ya que la falta de rentabilidad había llevado a las empresas a no promover ese tipo de pisos. A nivel de Bizkaia, las VPO vivieron su particular año dorado: se iniciaron 1.147 en el territorio, 821 de ellas en régimen de compra y 326 en alquiler. Desde 2011 no se habían impulsado tantas.

Las compraventas, confirma Pablo Sánchez Lamelas, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad del País Vasco, van también al alza, con un «incremento importante», del 2,5% interanual en el primer trimestre de este año. En Bizkaia se vendieron 3.055 pisos, lo que revela que «la economía está mejor de lo que nosotros pensábamos». El mercado «va bien» y los precios, señala, «están dentro de un incremento razonable», de en torno al 2,3%. Pero no podemos olvidar dónde estamos. «Entre las seis localidades más caras de España se encuentran las tres capitales vascas», expone el registrador. San Sebastián es la primera (5.128 euros el metro cuadrado), Bilbao está en quinto lugar (2.887) y Vitoria ocupa el sexto puesto (2.520).

Con esos precios no es de extrañar que la demanda de pisos protegidos se mantenga. Y que el arrendamiento sea el modelo prioritario. De hecho, hoy en día residen en un hogar alquilado -tanto libre como social- casi 60.000 familias vizcaínas, 20.000 más que hace una década. Son un 12,4% de la población, «uno de los ratios más bajos» a nivel estatal, donde hay comunidades en las que «está por encima del 20%», advierte el viceconsejero.

¿Por qué no hay más alquileres si comprar es caro? Porque «supone un esfuerzo muy grande y hay muchas familias que no pueden» asumir tampoco ese coste, reconoce Jon Bilbao, concejal de Vivienda de la capital vizcaína. Ahí es donde entran los pisos sociales. El Ayuntamiento dispone de más de 4.300, con unas mensualidades de «unos 200 euros al mes». Los ingresos de la mayoría de los inquilinos «no superan los 12.00 euros». De forma paralela, Alokabide, la sociedad dependiente del Gobierno vasco, gestiona otros 7.416 alquileres en Bizkaia.

La oferta, sin embargo, está muy por debajo de la demanda. «La vivienda protegida supone el 2,5% de los alquileres, una cifra anecdótica si comparamos con países como Austria, Holanda y Dinamarca, donde está por encima del 20%», sostiene Jauregui, que entiende que «no hay recetas mágicas» pero que una de «las soluciones» a este problema es «producir más desde lo público». El reto es duplicar los 26.000 pisos protegidos que componen el parque vasco en quince años. Pero hacer accesible la vivienda exige también «la implicación» de «los ayuntamientos», en los que el viceconsejero aprecia «un cambio» de disposición. «Es la primera vez que veo en campaña a candidatos a alcalde hablando de vivienda», celebra.

Otro reto es movilizar los pisos particulares. El Gobierno vasco presentó, para que la traten las diputaciones, una propuesta de «incentivos fiscales» a propietarios que alquilen, porque la verdad es que, si bien la construcción y la compraventa están creciendo, los arrendamientos están «parados» por la falta de oferta. «Pones un anuncio y tienes quince llamadas en una hora», ilustra José Manuel González, presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de Bizkaia. Los últimos datos de la estadística del mercado del alquiler del Gobierno vasco (EMAL), elaborada en base a los contratos registrados en la Administración (obligatorio desde 2015), revelan que en el último trimestre de 2022 se formalizaron 2.636 arrendamientos en Bizkaia, un 5,7% menos que en los tres meses anteriores y la cifra más baja desde el confinamiento.

El porqué de ese «frenazo», asegura González, es que «la gente tiene miedo». «No tienen seguridad jurídica y la nueva ley de vivienda no ayuda: que si los desahucios no se van a poder realizar, que si las rentas solo suben este año un 2% y el que viene un 3% pero hay dudas sobre cuánto lo hará el IPC...», expone. Los propietarios quieren, argumenta, «garantías de que van a cobrar».

Aumentar la oferta, además, «ayudaría a contener los precios». En los contratos firmados en los últimos meses de 2022, el pago medio por metro cuadrado ascendía a 10,4 euros, un euro más que antes de la pandemia; en Bilbao, a 12, con mensualidades de 825 euros.