El Gobierno vasco pide a los municipios ayuda para atajar la crisis de la vivienda

Así que el desafío de este nuevo Gobierno vasco es fenomenal. Por eso ha puesto la política residencial en el centro de sus planes y ayer la explicó el consejero Itxaso en su primera comparecencia en el Parlamento vasco. Sobre todo, llamó a la colaboración institucional. Lo dijo de distintas maneras y varias veces durante sus dos horas de intervención: ayuntamientos y diputaciones deben arrimar el hombro para resolver esta «crisis». Porque son ellas las que tienen competencias vitales.

Sobre todo, los ayuntamientos. Lo primero, les invitó a «desbloquear suelos que están reservados para construir 75.000 viviendas públicas». Pero también a poner a disposición del Ejecutivo terrenos para levantar pisos protegidos y a rebajar el impuesto de obras (ICIO) para favorecer estas inversiones. «Que no hagan caja» en la gestión para solucionar un problema común. Incluso se refirió a la posibilidad de comprar vivienda vacía por parte del Gobierno vasco. Se refirió, por ejemplo, a herencias que no encuentran salida. La idea sería adquirirlas y luego, si son pisos grandes, segregarlos y ponerlos en alquiler público. En esto también hace falta la ayuda de los gobierno municipales que les pongan sobre la pista de estos inmuebles y luego la normativa urbanística les permita dividirlos.

Luego está lo de las zonas tensionadas para poder limitar el precio de los alquileres. Se dolió Itxaso de que, hasta el momento, únicamente Rentería y Zumaia han solicitado esta consideración. «A principios del mes que viene tendremos terminados los trabajos para que Rentería sea el primer municipio vasco con declaración de zona tensionada». Y recordó que ninguno más, «ni Bilbao ni Vitoria», han aprobado en sus plenos aún dar este paso.

En cuanto a las diputaciones, su papel esencial sería en materia fiscal. Habló de incentivar fiscalmente la implantación de negocios a pie de calle y no en pisos. Y también de darle otro aire a la desgravación fiscal: en su opinión, hace falta que tanto la que beneficia a los compradores como a los arrendatarios «sea progresiva en función de la renta».

También habló, claro, de la batería de la batería de medidas que el propio Gobierno vasco va a poner en marcha. Hasta la oposición le reconoció ambición. El plan es levantar en esta legislatura «7.000 nuevas viviendas de alquiler protegido, de las que el 50% estarán reservadas para jóvenes menores de 36 años». La meta es duplicar el parque de viviendas en alquiler social para alcanzar las 50.000 en 2035. En este sentido llamó a hacer una reflexión sobre la Ley del Suelo, de 2006. Analizar si funciona y, si no, cambiarla.

Poner más viviendas en el mercado puede contener de alguna manera los precios, pero no va a ser suficiente para cubrir todas las necesidades residenciales. El consejero recordó que más de 90.000 familias (216.000 personas) aparecen como demandantes de vivienda en Etxebide.

Así que va a haber que hacer más cosas además de levantar más pisos: gestionar de otro modo el parque inmobiliario existente. Para esto está, por ejemplo, la mencionada declaración de zonas tensionadas. Y en materia urbanística, también en la órbita competencial municipal, se refirió a contener los pisos turísticos y utilizar lonjas vacías.

Y hay una tercera pata en la acción de gobierno vinculada con la crisis residencial: «Impulsar el modelo de regeneración urbana». Hay que tener en cuenta que buena parte del parque inmobiliario vasco está viejo (en Bilbao la edad media de los pisos supera ya el medio siglo).

Como el sector público no tiene soluciones para todo, también lanzó Itxaso un llamamiento a la iniciativa privada. Con esto tiene que ver la «industrialización del sector de la construcción», concepto que Itxaso había utilizado ya en otras ocasiones. Viene a ser abaratar costes utilizando elementos prefabricados. Eso «permitirá reducir los plazos de entrega y aumentar la producción de viviendas protegidas». Por otra parte, se refirió a «fórmulas innovadoras de vivienda» como «el cohousing y los alojamientos intergeneracionales».