Más alquiler público, rehabilitación y casas prefabricadas para enfrentar «la crisis de la vivienda» en Euskadi

En veinte años, o más, las políticas públicas con sus inversiones millonarias no han sido capaces de solucionar un problema que ahora tiene bases sencillas: hay poca oferta de pisos y mucha demanda. No porque crezca la población, sino porque cada vez vive más gente sola. Así que el desafío de este nuevo Gobierno vasco es fenomenal. Por eso ha puesto la política residencial en el centro de sus planes y hoy la explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, en su primera comparecencia en el Parlamento vasco. No se ha andado con paños calientes. Habló de «clamor social», «emergencia social» y de que «no tendremos futuro si nuestra juventud no tiene vivienda», además de peligrar «nuestra prosperidad económica».

Las recetas para solucionar «la crisis del acceso a la vivienda» son aparentemente sencillas, al menos en su planteamiento: «Acuerdos interinstitucionales, especialmente con los ayuntamientos, y dedicando más recursos». El objetivo de Lakua para los próximos cuatro años es aumentar un 40% la oferta de vivienda protegida respecto a la legislatura anterior.

Lo de avanzar en los acuerdos con otras instituciones tiene que ver con la necesidad de movilizar suelos públicos (mayoritariamente municipales), pero también privados, para levantar en esta legislatura «7.000 nuevas viviendas de alquiler protegido, de las que el 50% estarán reservadas para jóvenes menores de 36 años», reiteró Itxaso. Esta medida forma parte del acuerdo programático de gobierno entre socialistas y jeltzales, y tiene como meta duplicar el parque de viviendas en alquiler social para alcanzar las 50.000 en el año 2035. Esa es al menos la previsión del Pacto Social por la Vivienda de Euskadi.

También ha mandado Itxaso un mensaje a los Ayuntamientos: hay que agilizar los trámites urbanísticos. «Existen en estos momentos suelos calificados para 75.000 viviendas protegidas que por unas razones o por otras permanecen bloqueados, dormidos». Así que aboga por analizar si está funcionando la Ley del Suelo, de 2006. Si no, cambiarla. Y, en todo caso, analizar con los Consistorios qué está ocurriendo con su gestión urbanística.

Poner más viviendas en el mercado puede contener de alguna manera los precios, pero en modo alguno va a ser suficiente para cubrir todas las necesidades residenciales que existen. El consejero recordó que más de 90.000 familias (216.000 personas) aparecen como demandantes de vivienda en Etxebide. Es cierto que en algún sitio estarán viviendo ya, y que muchas recibirán ayudas públicas para el alquiler. Pero la demanda está ahí.

Así que va a haber que hacer más cosas además de levantar más pisos: gestionar de otro modo el parque inmobiliario existente. En este sentido, la Ley de Vivienda recoge la declaración de zonas tensionadas donde el coste de la vivienda exceda unos límites con el fin de limitar el precio de los alquileres. «43 municipios vascos, en los que reside el 68% de la población de Euskadi, podrían beneficiarse de este instrumento», señaló Denis Itxaso. Así que otra de las ambiciones de su departamento será «agilizar el proceso para que los distintos municipios del país puedan hacer uso de la declaración de zonas tensionadas». En materia urganística también se refirió a contener los pisos turísticos, utilizar lonjas vacías y articular incentivos fiscales para que los negocios que ocupan pisos (peluquerías, gestorías, etcétera) se trasladen y su lugar sea ocupado por viviendas.

Y hay una tercera pata en la acción de gobierno vinculada con la crisis residencial: «Impulsar el modelo de regeneración urbana». Hay que tener en cuenta que buena parte del parque inmobiliario vasco está viejo (en Bilbao la edad media de los pisos supera ya el medio siglo). En ocasiones, casi inhabitable. En otras ocasiones, muy poco atractivo. Así que Itxaso puso también el foco en «mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de aquellos barrios más vulnerables».

En este sentido, «estamos actuando ya en 25 barrios con el programa Opengela, que incluye la creación de oficinas de proximidad para asesorar y coordinar proyectos de rehabilitación, porque estamos convencidos de que este enfoque de regeneración territorial es crucial para los planes urbanísticos de Euskadi». De paso, se van adaptando los edificios a los rigores del cambio climático, que ya empieza a requerir de más aires acondicionados y menos potencia en las calefacciones.

Denis Itxaso ha recordado que, además de todos los impactos sociales e económicos derivados de la crisis en el acceso a la vivienda, lo que hay de fondo son miles de dramas personales. Porque tener un hogar «constituye la base de la estabilidad y la seguridad de las personas y sus familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y económica y debería ser un espacio donde vivir en paz, con seguridad y dignidad».

Como el sector público no tiene soluciones para todo, también lanzó Itxaso un llamamiento a la iniciativa privada, vital a la hora de levantar nuevas promociones. El problema es que el sector de la construcción acusa la subida del coste de los materiales y las cargas que la normativa les impone a la hora de trabajar. Así que suelen decir que con rentabilidades escasas, o se disparan los precios de los pisos para hacer negocio, o no resulta rentable construir. ¿Soluciones? El consejero habló de «la cogobernanza, la modificación de normativas y la colaboración público-privada».

Con esto tiene que ver la «industrialización del sector de la construcción», concepto que Itxaso había utilizado ya en otras ocasiones. Viene a ser abaratar costes utilizando elementos prefabricados. Eso «permitirá reducir los plazos de entrega y aumentar la producción de viviendas protegidas».

Hay otras estrategias que también inciden en aliviar el inflamado mercado de la vivienda, como las «fórmulas innovadoras de vivienda», entre las que el consejero mencionó «el cohousing y los alojamientos intergeneracionales». Se trata de alternativas habitacionales pensadas, fundamentalmente, para adaptarse a una población cada vez más envejecida.

Con todo, las medidas de más impacto van a ser las que impliquen nuevas construcciones protegidas, fundamentalmente de alquiler. En este sentido, el consejero hizo un repaso de los planes que hay en las tres capitales. En Bilbao «la situación es especialmente crítica debido a la escasez de suelo y al incremento continuo de los precios del alquiler». Para paliar esta realidad, «el Gobierno vasco tiene previsto desarrollar más de 1.500 viviendas protegidas». Sobre todo, en Otxarkoaga, Miribilla y Bilbao la Vieja, donde ya se han programado 104 viviendas de alquiler protegido y alquiler social. También, por supuesto, en Zorrozaurre, «un área estratégica», donde se espera construir «1.103 viviendas protegidas, muchas de las cuales ya están en diferentes fases de desarrollo y planificación». Y esta misma semana se han licitado 57 alojamientos dotacionales. Por otro lado, en Peñascal, se desarrollarán 225 viviendas protegidas, «de las cuales las primeras 84 saldrán a licitación próximamente».

En Álava la situación es diferente porque ahí el suelo no es un problema. «El Gobierno vasco ha previsto la construcción de 960 viviendas protegidas en el barrio de Salburua, junto con la rehabilitación de 62 en diversas áreas de la ciudad». Estas actuaciones se suman a otras que ya están en marcha, con el objetivo de mitigar la creciente presión inmobiliaria en la capital. Asimismo, se contempla ampliar el convenio actual con el Ayuntamiento para desarrollar nuevas promociones que se ajusten a la demanda. «Tenemos la disposición y los recursos para seguir incrementando la oferta de vivienda protegida en Vitoria».

En fin, que Itxaso crece que hay esperanza y por eso ha lanzado un mensaje de optimismo: «el de la vivienda es un problema que tiene solución».