«Vamos a prorrogar el escudo antiopas para proteger nuestras empresas, como en Talgo»

- ¿Pueden cumplir con lo prometido a Bruselas sin tomar grandes medidas de ajuste de gasto o mejora de ingresos?

- Este plan nos permite mantener ese equilibrio de los últimos años de crecimiento, apoyado entre otras cosas en el Plan de Recuperación. Podemos mantener este enfoque equilibrado de seguir creciendo y que nos permita unos niveles de crecimiento de gasto en torno al 3,4%, y que esto sea compatible con que vaya poco a poco bajando nuestro déficit gracias a las buenas perspectivas económicas. Aquí la clave es seguir creciendo. A partir de ahí, generar mayores recursos.

- El Gobierno ha pasado de plantear la necesidad de unos Presupuestos a deslizar que puede seguir sin nuevas cuentas públicas sobre la mesa...

- Estamos haciendo el mayor esfuerzo para que haya un acuerdo de presupuestos y este sigue siendo el escenario en el que trabajamos. Dicho esto, este año 2024 estamos operando en un escenario de prórroga y esto no ha impedido que se lleven a cabo todas las actuaciones que estaban previstas, todos los gastos y todas las inversiones, incluyendo las del Plan de Recuperación.

- Junts se ha apresurado a negar que tuviera la puerta abierta a apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. ¿Eso puede interpretarse como un síntoma de que está dispuesto a negociar los Presupuestos y antes la senda de déficit?

- Ese es el momento en el que estamos ahora, en el de negociar cómo se reparten los objetivos y creo que existen posibilidades. No es una negociación fácil. Nunca lo son los Presupuestos. Pero yo soy optimista en cuanto a que podamos llegar a un acuerdo. El Gobierno ya hizo un esfuerzo previo de ampliar el espacio presupuestario que se les dejaba a las comunidades con 10.000 millones en dos años. Y este esfuerzo es también una indicación política clara por parte del Gobierno de dar ese mayor margen, de permitir a las comunidades tener una mayor flexibilidad a la hora de hacer frente a sus gastos.

- En su plan presupuestario aboga por prorrogar los gravámenes bancario y energético. Pero el contexto actual es muy distinto a 2022, cuando se pusieron en marcha, con tipos a la baja y precios eléctricos inferiores. ¿Cómo van a ser esos tributos?

- Estos gravámenes surgieron con un elemento de excepcionalidad, para permitir responder ante la crisis de inflación con un escudo social que protegiera a los ciudadanos. Y esto ha sido posible gracias a la redistribución que han permitido estos impuestos, que además han sido compatibles con las mejores cifras de resultados de la historia en ambos sectores. Ahora bien, estamos ya en el paso siguiente con la discusión interna para encontrar una forma de ajustarlos a ese carácter permanente. Es decir, con objetivos de política económica que van más allá del corto plazo, como las inversiones energéticas. En el caso de las de los bancos se trata también de ajustarlo al hecho de que ya no vamos a estar en un momento de pico de tipos, sino que tenemos que considerar la evolución del ciclo completo hacia adelante y el impacto que esto tiene también en las cuentas de las entidades.

- Es decir, que aunque se prorroguen, quizá la recaudación sería mínima.

- Dejémoslo en que sería significativa, pero de nuevo intentando encontrar un equilibrio no solo entre el corto y el medio plazo, sino también de tal forma que no afecte de manera significativa a los sectores, sino que contribuya a ese elemento de progresividad y de redistribución.

- Hablando de redistribución social, las grandes cifras económicas siguen creciendo, como el PIB casi un 3% este año, pero hay muchas familias que siguen sin poder llegar a fin de mes. ¿Cómo atajará esta situación?

- Tenemos que seguir promoviendo un crecimiento con sentido que llegue cada vez a un mayor número de personas y trabajar en una mayor estabilidad en el empleo, con unos sueldos que sigan evolucionando por encima de los precios. Y debemos apoyar cuando es necesario, como hemos hecho con el escudo social ante las subidas de la inflación, para ayudar también a que se llegue a final de mes. Y no nos olvidemos del que es el gran reto de esta legislatura, que es apoyar en materia de vivienda para conseguir un acceso en situaciones o en condiciones asequibles.

- ¿Cómo puede afectar la derivada de casos judiciales a la economía y la visión que tengan los inversores sobre España?

- Todas las señales que nos llegan de inversores internacionales es de una fuerte confianza en España. Somos el cuarto país del mundo en recibir más proyectos de inversión productiva. El volumen de inversión en deuda por parte de inversores extranjeros se ha incrementado en 100.000 millones desde principios de 2023. Y la prima de riesgo está en su nivel más bajo en tres años. Todo eso no es casualidad.

- Precisamente esta semana se ha materializado un movimiento en torno a Talgo, a una empresa que necesitaba un socio tras su veto a los húngaros. A pocas semanas de que venza el plazo del escudo antiopas, ¿se plantean prorrogarlo?

- Tenemos una normativa en materia de protección de los sectores estratégicos y de inversión que es muy equilibrada. Contamos con buenos datos de llegada de inversión extranjera y eso es compatible con proteger los intereses de nuestra industria y sectores estratégicos como ha sido en el caso de Talgo por motivos de seguridad. Lo hemos hecho gracias a nuestro escudo antiopas, en el cual estamos trabajando para poder prorrogarlo mas allá del 31 de diciembre.

- ¿Entrarán en el accionariado?

- Aún estamos en un paso previo de prudencia para ver cómo se desarrollan estas conversaciones. Es muy positivo que haya intereses del sector privado de grandes empresas en la adquisición de esta participación en Talgo, con lo cual para nosotros eso nos da también mucha tranquilidad.

- ¿Y con respecto a la opa de BBVA a Sabadell? ¿Mantiene su negativa aunque supere todos los filtros de supervisores?

- Tenemos un elemento de preocupación por el posible exceso de concentración. La opa está siguiendo el curso con la CNMV, Competencia, BCE y Banco de España mirándolo desde su perspectiva. Mientras que el Gobierno tiene que mirarlo desde una perspectiva más general, más holística, de interés de los ciudadanos.