Tubacex mantendrá en casa y con el sueldo a los 129 despedidos hasta que falle el Supremo

La dirección de la compañía tubera comunicó este martes al comité -ELA, STAT, CC OO, LAB y ATAL- su decisión, justificada en la convicción de que el Supremo, al que ha recurrido, resolverá a su favor. La parte social ya había manifestado su rotundo rechazo a esta opción y exigía la reincorporación de los empleados a sus puestos, además de la renuncia al recurso. Por eso mantenía la huelga, que ya supera los 150 días. Ahora se debatirá si se continúa o no con este paro indefinido, con la paradoja de que los despedidos cobrarán el 100% y los huelguistas, cero.

El encuentro, el primero desde que se conocieron los fallos del Superior vasco el pasado martes, se celebró en un hotel de Bilbao y duró más tres horas. A la salida, el presidente del comité, Eduardo Ibernia (ELA), manifestó su malestar por una decisión que considera «incomprensible» dado que supone un mayor gasto para la empresa, «que alega tener graves dificultades económicas». Fuentes de ese sindicato explicaron que la propia compañía reconoció en la reunión que podía suponer un coste extra, dado que la nómina mensual de los 129 despedidos asciende a 650.000 euros (unos 5.000 euros por cabeza, entre salarios y seguros sociales) y en sus casas cobrarán el 100%. Por contra, en las plantas hay ahora vigente un ERTE al 40% de actividad y la dirección pretende negociar otro para cuando acabe, el 10 de septiembre. «Esta actitud solo se puede entender desde la prepotencia. La empresa ha apostado por mantener el conflicto», señalaron.

Tubacex, por su parte, se limitó a apuntar su confianza en que el Tribunal Supremo revoque la decisión del Superior vasco y avale su tesis de que las razones de su crisis son «indiscutiblemente estructurales», ligadas al impacto de la transición ecológica en el mercado del petróleo y el gas al que se dirigen sus tubos. No quiso entrar a explicar por qué había optado por esta alternativa si supone un mayor coste y ante la posibilidad de que el Alto Tribunal tarde un año en pronunciarse. En caso de que el Supremo le dé la razón, recuperará los salarios de tramitación consignados (desde el despido en abril hasta la sentencia de julio), pero no los abonados desde el fallo. Expertos con experiencia en estos conflictos laborales entienden la decisión de la firma como una necesidad de no volver a pasar por un proceso tan convulso si el Supremo finalmente le avala.

La empresa hizo este martes algunos planteamientos 'amables' en la mesa, en un intento de que se desconvoque la huelga. Así, según fuentes sindicales, se ofreció la posibilidad de «recuperar a algunos de los despedidos a partir de noviembre, en función de las condiciones del mercado»; y también un plan de bajas incentivadas. De hecho, cabe recordar que el ERE anulado incluye 95 despidos, 22 bajas incentivadas y 12 prejubilaciones. El comité, sin embargo, tachó estas propuestas de intento de «maquillar con buenas palabras» su negativa a cumplir con «el sentido de la sentencia». «Nosotros acudíamos a la reunión con la petición de que se readmitiese a los trabajadores y que se renunciase al recurso. Nos hemos encontrado con todo lo contrario», apuntó Ibernia.

La situación, por tanto, se mantiene bloqueada, pendiente de si continúa la huelga indefinida, que ya suma cinco meses. Hasta ahora la unidad sindical ha sido total, pero los trabajadores acusan el desgaste de tanto tiempo sin cobrar, por mucho que se haya creado una hucha solidaria para aguantar. La empresa, por su parte, ha advertido de que el paro amenaza la continuidad de las plantas vascas, que arrastraban una situación delicada, lastradas por unos altos costes laborales. El grupo ya ha acometido ajustes en las veinte plantas que tiene por el mundo.

En el juicio, llegó a advertir incluso que TTI podría entrar en causa de disolución en 2022. Pero la sección liderada por la magistrada Garbiñe Biurrun consideró que sus problemas estaban vinculados al Covid a pesar de las pérdidas de 2019 y, en consecuencia, aplicó el polémico criterio del Superior vasco de anular los despidos en esos casos en vez de declararlos improcedentes. La sala de Juan Carlos Iturri llegó a la misma conclusión para Aceralava.

Los sindicatos recuerdan que los magistrados no solo consideraron que se había vulnerado la prohibición de despedir por Covid, sino que no constataron las causas alegadas. Celebraron entonces con euforia la victoria, pero parece que la guerra no ha terminado.