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jorge murcia
Miércoles, 4 de mayo 2022, 00:35
Una de las herramientas que los Gobiernos utilizan para frenar el fraude fiscal es el fomento de las transferencias bancarias y los pagos con tarjeta de crédito, lo que se traduce en una progresiva limitación de los abonos en efectivo.
En España la Ley 11/2021, en vigor desde el pasado 11 de julio, prohíbe pagar en dinero contante y sonante las operaciones de un importe igual o superior a los 1.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera. Hasta ese momento el tope estaba fijado en los 2.500 euros.
Esta norma afecta a los pagos entre particulares, pero también en los que alguna de las partes actúa en calidad de empresario o profesional. Si el pagador es una persona física con domicilio fiscal fuera de España -y no actúa como empresario o profesional-, el límite se eleva hasta los 10.000 euros.
Sin embargo, este tipo de restricciones «ponen en riesgo la inclusión financiera», según Javier Rupérez, presidente de la Plataforma Denaria. Se trata de una asociación que defiende los intereses conjuntos alrededor de la defensa del efectivo. Y que además pretende «alertar sobre los riesgos» de limitar esta forma de pago y defenderla como una alternativa «barata, segura, sostenible y cercana».
Rupérez hizo recientemente estas declaraciones durante la conferencia 'Anticipando los cambios en la industria de la impresión de seguridad'. Un foro organizado por Uni Europa Gráficos y Embalaje y en la que tomaron parte las patronales europeas de los sectores del comercio, la gestión de efectivo o la seguridad.
El presidente de Denaria recordó que las instituciones europeas han avisado a los países miembros de que «cualquier medida que limite el uso del efectivo debe respetar el curso legal de los billetes en euros». Concretamente, el Banco Central Europeo (BCE) considera «desproporcionado» reducir a 1.000 euros el máximo de dinero que se puede abonar en efectivo.
El banco con sede en Fráncfort (Alemania) critica otros aspectos de la normativa, como la discriminación que establece en función de si la persona es residente en España o no. Además, alerta de que una cantidad tan mínima «tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros». «Este límite de pago en efectivo -añade el BCE- reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago».
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Rupérez defiende que el efectivo es «un medio de pago esencial para la tercera edad, los inmigrantes, los discapacitados, los ciudadanos socialmente vulnerables y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales». Y subraya las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Pagos Minoristas del BCE, en las que se habla del dinero en efectivo como un respaldo «fundamental» del sistema de pagos.
El presidente de Denaria añade que se trata de «una infraestructura crítica para la inclusión financiera y estratégica ante situaciones de gran impacto social, como pueden ser las crisis económicas y sanitarias, ataques cibernéticos, catástrofes naturales o, cincluso, en situaciones de conflictos».
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