La temporalidad en el sector público vasco aún supera el 45% y debe cerrar el año en el 8%

La 'ley Iceta', apodada así por ser impulsada por el exministro Miquel Iceta, se aprobó a finales de 2021 con objeto de dar respuesta a la orden de Bruselas para acabar con el creciente abuso de la temporalidad en el sector público y el objetivo del 8% está incluido en el compromiso asumido por España para acceder a los fondos europeos. La tasa de interinidad se había desbordado en los últimos años debido a las contrataciones eventuales tras el covid y a las tasas de reposición nulas entre 2012 y 2015 por la crisis financiera. Es un problema generalizado, aunque especialmente grave en el País Vasco, donde el índice llega al 45% frente al 28% nacional, una brecha que se achaca a diferentes factores como la lentitud para convocar OPE y también a las facilidades para acceder a permisos, excedencias y medidas de conciliación por parte de los fijos, así como el elevado absentismo.

El objetivo de la norma era acabar con la situación de fraude de ley en que se encuentran miles de interinos que han encadenado contratos temporales durante décadas. Es el caso de Andrea Izquierdo, enfermera en Osakidetza, que lleva 17 años de eventual. «Empecé con 21 años y ahora tengo 38. Me formé en reanimación y así he podido tener puestos de cierta estabilidad dentro de la incertidumbre, completando reducciones de jornada de compañeras, también interinas por cierto, o un puesto sin código, pero no se puede estar así». Se ha presentado a los procesos de consolidación y confía en conseguir plaza. Está a la espera.

La ley 20/2021 fijaba el objetivo del 8% de interinidad estructural y daba una serie de pautas para conseguirlo. Así, instaba a consolidar las plazas que a 31 de diciembre de 2020 hubiesen estado ocupadas durante los tres años previos con trabajadores temporales de forma ininterrumpida, y habilitaba los concursos de méritos, sin necesidad de oposición, para los eventuales que acumulen al menos cinco años en el puesto, esto es, desde antes del 1 de enero de 2016. Asimismo, recogía una indemnización de 20 días por año trabajado para quienes se quedasen fuera. El límite para culminar los procesos era el 31 de diciembre.

La normativa daba pie a diferentes interpretaciones sobre a quiénes se debe estabilizar. Y a esa confusión se suma la falta de transparencia de las administraciones, que apenas dan datos. Ni siquiera de cuál es el punto de partida de lo que se denomina 'interinidad estructural'.

El único documento oficial que existe es una respuesta parlamentaria que ofrece la fotografía a febrero de 2021. Las cifras son abrumadoras. Solo en el ámbito autonómico -sin tener en cuenta sociedades públicas, ayuntamientos y diputaciones- se contabilizaban 44.133 interinos sobre una plantilla de 88.600 trabajadores y, de ellos, 28.300 tenían una antigüedad superior a los tres años. Esa relación arroja una tasa de temporalidad de casi el 50%. Osakidetza es el departamento más afectado, con 24.648 eventuales sobre 42.247 empleados (un 58%) y le sigue Educación, con 14.223 sobre 26.509. Es verdad que no todos estos trabajadores no fijos pueden ser considerados como interinos estructurales porque muchos están haciendo sustituciones, pero no deja de ser alarmante.

¿Cuántos se van a consolidar? No es nada fácil responder. El sindicato ELA lleva tiempo denunciando que los procesos de consolidación son insuficientes. «El Gobierno vasco no ha utilizado el margen que le daba la ley. Hacen una interpretación muy restrictiva de las plazas que se deben estabilizar según la normativa», denuncia su responsable en esta materia, Igor Eizagirre, que recuerda la demanda presentada en esta materia en Haurreskolak. La central denunció ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la insuficiencia de las plazas ofertadas en el proceso de consolidación y los jueces le dieron la razón, aunque la sentencia se ha recurrido. Según sus cálculos, en Osakidetza, donde se han sacado 3.723 plazas en la convocatoria específica de estabilización, quedarán 18.500 eventuales, un 43% de la plantilla, y en Educación cerca de 11.000, un 33%.

Los departamentos discrepan. Osakidetza explica que esos datos incluyen todo tipo de personal temporal como interinos, eventuales y sustitutos puntuales. La consejería encabezada por Alberto Martínez afirma que al cierre de 2020 se contabilizaban 6.318 plazas estructurales ocupadas por interinos y de ellas solo 1.614 se debían consolidar según la nueva ley, además de otros 2.104 puestos sin código. De ahí salen las 3.723 plazas sacadas a estabilización. Osakidetza también recuerda que ha elevado su plantilla estructural en casi 6.000 puestos hasta los 32.442 y que ha ofertado en las OPE ordinarias de los años 20-21-22 más de 3.900 plazas. Una vez se resuelvan estos procesos, que se van a alargar tras la sentencia del Superior vasco que obliga a revisar la baremación a petición de Satse, su estimación es que «la interinidad estructural en Osakidetza podría situarse en 8.523 personas». En estos momentos, afirman, hay 13.300 interinos ocupando plazas estructurales y 2.700 puestos sin código.

En Educación no dan información. El departamento remite a una intervención parlamentaria de la consejera, Begoña Pedrosa, en la que asegura que la tasa de interinidad «es actualmente del 11%» y que «al cierre de este año académico se habrán consolidado 5.000 plazas». No hay más precisión.

En la Administración General, la consejera María Ubarretxena señaló recientemente que antes de que acabe diciembre se asignarán las 2.000 plazas que faltan del proceso de consolidación de cerca de 3.800 trabajadores. En varias ocasiones ha asegurado que la tasa se acercará al 8%.

«Al final del proceso, cuando por fin se resuelvan todas las convocatorias, miles de interinos en fraude de ley por haber encadenado más de tres años con contratos temporales seguirán sin plaza fija. Habrá muchas denuncias», advierte Amaia Zarrabeitia, portavoz del sindicato Interinok Taldea.