El calendario para medir la rentabilidad no debe ser el de un año, sino que debe ser a medio plazo. Es un punto en el que han insistido tanto el viceconsejero de Finanzas del Gobierno vasco, Hernando Lacalle, como el presidente de la Federación vasca ... de EPSV, Ignacio Etxebarria. Y no es para menos porque el patrimonio de esta figura de ahorro para complementar la pensión registró en 2022 el peor dato de su serie histórica. Las caídas en las bolsas y en la renta fija se han comido nada más y nada menos que 2.194 millones de euros dejando la hucha en 26.887 millones.
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Como ha reconocido el propio Lacalle, «un año muy complicado» con una caída de la rentabilidad del 10,53% en los planes individuales y unas pérdidas del 5,28% en el caso de los de los de empleo (aquellos pactados entre empresa y trabajadores). Y es que la caída media de la renta variable fue del 19% generando un cuadro que se ha llevado una mordida del 7,6% del patrimonio de las entidades de previsión social voluntaria. Las perspectivas para este 2023 mejoran y, con los actuales tipos de interés, aseguran una ganancia de al menos el 3% o 4%.
La apuesta del Gobierno vasco es extender esta fórmula de ahorro que permite complementar la pensión al 70% de los ciudadanos de Euskadi. La cobertura actual alcanza a la mitad de la población activa vasca empleada que dispone de una ESPV individual (aquella que contratan personalmente los ahorradores con una entidad financiera) o una colectiva (cuyas aportaciones se reparten entre el empleado y la empresa en la que trabaja).
Las primeras han registrado una caída de socios de 11.846 personas, según señalan los datos de la federación vasca evidenciando la búsqueda de liquidez de muchas familias ante la coyuntura económica. Así, los ahorradores que han recuperado de modo anticipado sus ahorros han retirado un total de 117 millones de euros. Los socios de esta fórmula individual en el País Vasco ascienden a 633.955.
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En cambio, las EPSV colectivas han aumentado sus socios en 2022 en 14.700 trabajadores elevando el total hasta los 546.810. El crecimiento viene originado en gran medida por el aumento de plantillas en la administración pública. Así Elkarkidetza (EPSV de los funcionarios de ayuntamientos y diputaciones) incrementó sus socios en 518 personas, mienras que Itzarri (la entidad de los trabajadores del Gobierno vasco) acogió a 4.582 ahorradores.
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El conjunto de las aportaciones realizadas ascendió a 834 millones de euros, un 1,53% menos que el año pasado. La diferencia en este capítulo entre las individuales y las colectivas ha sido notable. Las primeras han reducido las aportaciones de los ahorradores un 6,28% (416 millones ingresados), mientras que las colectivas han subido un 3,89% (418 millones aportados).
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Las prestaciones en total sumaron, según la federación, 787 millones de euros, un 6,3% más que el año pasado, pero por debajo de los ingresos realizados por los ahorradores, con lo que se mantiene el saldo favorable en la evolución de los recursos.
Esta figura colectiva es la gran apuesta del Gobierno vasco para seguir extendiendo las EPSV y es en la que la empresa comparte con el trabajador la aportación para el complemento de la futura pensión. La intención del Ejecutivo, con el nuevo decreto para regular las EPSV que aprobará este año, es primar esta figura en su modalidad de 'preferente'. Es decir, aquellas en las que se prioriza la recuperación del ahorro generado mediante renta mensual a cobrar durante la jubilación. La idea es dificultar la recuperación en forma de capital.
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No es una cuestión baladí, porque es el motivo de enfrentamiento entre varios socios de Geroa (la EPSV colectiva constituida en Gipuzkoa entre patronal y sindicatos y que se había convertido en referente para extender esta figura) con la dirección. Cerca de un centenar de ahorradores reclaman poder recuperar sus ahorros de golpe y se han encontrado con la negativa de la entidad por no incurrir en ninguno de los supuestos previstos.
La regulación del Gobierno abre la puerta también a una revisión de los activos de inversión en los que pueden poner el patrimonio los gestores de estos fondos. Se trata, ha explicado el viceconsejero del Gobierno vasco, de «ir más allá de criterios financieros» y analizar cuestiones de sostenibilidad ambiental o social, introduciendo estos criterios en las inversiones.
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