Feijóo se pregunta si «Sánchez quiere acabar con los pobres o con los ricos»

El IEF, que ahora encabeza el empresario vasco Andrés Sendagorta, también presidente de Sener, invita siempre a sus congresos anuales al jefe del Gobierno y al líder de la oposición, independientemente de quién ocupe esos cargos en cada momento. El presidente del PP aceptó la invitación, pero Pedro Sánchez la rechazó -es la cuarta vez consecutiva que lo hace, tras el distanciamiento que se produjo en 2018 en el congreso celebrado en Valencia-, argumentando «problemas de agenda».

Si a alguien le cabía alguna duda sobre la sintonía del líder popular con el empresariado, el largo y caluroso aplauso que le dedicaron ayer los representantes de la empresa familiar española despejó cualquier incertidumbre. A esta institución pertenecen en torno a un centenar de grandes compañías de propiedad familiar, si bien el congreso anual lo comparten con las organizaciones territoriales que agrupan a este tipo de sociedades. En total representan en torno al 25% del PIB español.

El plante del presidente del Gobierno no causó sorpresa entre los empresarios, aunque mantenían la esperanza de que se normalizase la relación. El distanciamiento entre Sánchez y la empresa familiar no es nuevo, arrancó hace ahora cuatro años, en el congreso que el IEF celebró en Valencia. En aquella ocasión el responsable del instituto era Francisco Riberas, presidente de Gestamp, que lanzó un duro alegato contra la posibilidad de que el Ejecutivo iniciase una política que definió como «cortoplacista», con medidas dirigidas a contentar a los ciudadanos y no reformas profundas como, a su entender, necesitaba España. En aquel congreso Sánchez pudo notar con claridad que los principales empresarios del país no se lo iban a poner fácil e incluso su discurso fue castigado con un sonoro silencio por parte de los asistentes al evento.

No es bajada, es subida

«Esto no es una reforma fiscal sino un incremento de impuestos -dijo ayer Feijóo a los congresistas en relación a las últimas decisiones del Gobierno en materia fiscal-, porque no se le bajan a nadie los impuestos este año y deberíamos por lo menos actualizar la tarifa del IRPF. De los 22.000 millones de incremento de ingresos, se deberían haber dejado 5.000 en manos de los ciudadanos. Parece que por encima de los 21.000 euros todos son ricos, porque por debajo de esa cantidad es el tramo que se va a bajar la presión fiscal. ¿El objetivo es acabar con los pobres o terminar con los ricos?», se preguntó el líder del PP.

«Estamos empujando las inversiones hacia otro lado», agregó. «Hay muy poca distancia a Portugal y muchas empresas españolas se han instalado en ese país por sus salarios más bajos y por una presión fiscal mejor adaptada a las necesidades», advirtió sobre el riesgo de deslocalización. En opinión del dirigente popular, es un error decirles a los inversores españoles que «aquí no son bien recibidos y que van a ser mejor tratados en Portugal, donde por cierto gobiernan los socialistas».

También se mostró partidario de revisar la política energética, a la luz de lo que están haciendo otros países, entre los que señaló la estrategia de Francia de mantenimiento de las nucleares o de Alemania de vuelta al carbón para generar electricidad.

Por último, insistió mucho en el control del gasto público. «En vez de endeudarnos hay que revisar el gasto. Si seguimos haciéndolo, los intereses que habrá que pagar nos van a impedir hacer muchas cosas», anticipó el presidente de PP.