LAB dice al lehendakari que no renunciará a las huelgas y CC OO pide no «criminalizar» las protestas

El objetivo de estos encuentros es suavizar las relaciones tras los efectos de una elevada conflictividad por paros y protestas, últimamente con especial incidencia en el sector público. Una situación que ha llevado a Euskadi a liderar esas estadísticas, además de a duros enfrentamientos entre el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, y las centrales de representación de los trabajadores.

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Xabier Garmendia

La cordialidad ha sido también la nota general en los encuentros celebrados este lunes, pero con un mensaje contundente que da continuidad al de ELA del pasado viernes. LAB y CC OO han defendido el derecho de protesta de los trabajadores. En el caso del sindicato nacionalista, Aranburu ha advertido de que «no va a renunciar a su estrategia de huelgas y movilizaciones en el ámbito público, ni el privado». Por su parte CC OO, en la comparecencia posterior de García, ha aclardo que han pedido a Pradales «no criminalizar las luchas de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales».

Los dos sindicatos también han mostrarado su disposición para participar en el acuerdo sobre la Sanidad planteado por el lehendakari. Aunque LAB, con fuerte presencia en el sector sanitario, ha insistido en que se debe empezar por la reducir las «privatizaciones» de servicios y lograr un acuerdo social con los trabajadores que «tienen pendiente el convenio desde 2009». CC OO, por su parte, ha agradecido «que se haga un abordaje de este tipo» y ha coincidido con LAB en el rechazo a las «privatizaciones».

LAB solo se había reunido dos veces con un lehendakari en los últimos once años, y la responsable del segundo sindicato en Euskadi por número de afiliados, ha aprovechado la cita para pedir un «nuevo marco jurídico-político para las relaciones laborales» que permita pactar «aquí» las condiciones y sueldos de los trabajadores, también de los del sector público. También ha abogado por una «fuerte intervención pública» que acelere una «reconversión industrial». Se trata, ha resumido, de «impulsar políticas a favor de los trabajadores y mejorar los servicios públicos». Entre las medidas ha destacado la de elevar el salario mínimo a los 1.600. euros mensuales.

El marco autonómico de negociación laboral ha sido reivindicado también por la secretaria general de CC OO, Loli García. Ha señalado que es necesario un espacio «garantice las condiciones laborales de los trabajadores y el poder adquisitivo de los salarios». García ha pedido también «una negociación real en el área pública» y extender los servicios públicos para redistribuir la riqueza.