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La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, se alineó este jueves con las tesis de Iberdrola al reclamar un marco legislativo estable que no penalice las inversiones en energías renovables. Sin referirse directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, remarcó ... que hay que «poner en marcha cuanto antes» las inversiones necesarias en estas energías «y para ello tenemos que dar seguridad jurídica y trabajar para que se puedan llevar a cabo».
Las consideraciones de la consejera llegan un día después de que el grupo eléctrico anunciase la paralización de inversiones en nuevos proyectos renovables ante los cambios legislativos introducidos por el Gobierno central, lo que ha sembrado la intranquilidad en empresas punteras vascas como Siemens Gamesa, Ingeteam, Arteche, Ormazabal o Tamoin. Para la consejera, el anuncio de Iberdrola de posponer inversiones «para nosotros, como país, no es una buena noticia», por lo que animó a la multinacional a «repensarlo».
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Tapia no ocultó su preocupación de que menos inversiones de Iberdrola en España impliquen menos contratos con los proveedores vascos, pero expresó su convencimiento de que las inversiones internacionales del grupo eléctrico seguirán ejerciendo su efecto tractor sobre la industria de la comunidad. Igualmente preocupa a la consejera que se cuestionen los contratos de suministro de largo plazo, con precios pactados, con la industria electrointensiva. «No creemos que sea una actuación muy adecuada y se puede estar poniendo en riesgo toda una industria en Euskadi», dijo.
La consejera insistió en que si el objetivo es ser neutros en emisiones de carbono en el año 2050, ello debe ir acompado de «actuaciones que permitan que los proyectos» renovables «se puedan desarrollar de forma intensiva»; de lo contrario, «nos estaremos quedando en la sensibilización y en las buenas palabras».
Tapia instó a «aprender de los errores» del pasado y recordó cómo la cambiante política energética del Gobierno central truncó un mayor desarrollo de las renovables. «Con una regulación no de largo plazo, no estable y con inseguridad jurídica, se han producido muchos problemas», que relacionó con «los precios que estamos observando en la factura de la luz» ahora. A su juicio, para poder contrarrestarlos hace falta «generar renovables suficientes».
Tapia expresó su convencimiento de que los proyectos eólicos de Iberdrola en el País Vasco están a salvo. Estos se canalizan a través de Aixeindar, sociedad controlada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE). Según Tapia, tras sus conversaciones con el grupo eléctrico «puedo confirmar que continúan al 100% comprometidos».
El próximo martes, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en compañía del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, inaugurará en Bilbao su nuevo centro de innovación para redes eléctricas inteligentes (Global Smart Grids Innovation Hub). En este centro, al que se han unido 30 socios externos, están previstos ya 120 proyectos de innovación con una inversión de 110 millones de euros y la participación de 200 científicos y técnicos.
Las grandes compañías energéticas (Iberdrola, Endesa y EDP España) enviaron este jueves una carta a la Comisión Europea para que tumbe el decreto aprobado por el Gobierno a mediados de septiembre en el que, entre otras cosas, se incluía un recorte a los ingresos de la nuclear y la hidroeléctrica por el alza del gas.
Las tres compañías dan así el primer paso para que Bruselas impida esa medida. Y lo hacen en una misiva que va firmada junto a la patronal de las mismas (Aelec), la europea (Eurelectric), dos organizaciones de renovables (Wind Europe y Solar Power Europe), la asociación de los grandes fondos de inversión de infraestructuras (GIIA) y la patronal portuguesa Elecpor.
La comunicación, dirigida a los vicepresidentes de la Comisión, Frans Timmenrmans y Marghrete Vestager, y a la comisaria de Energía, Kadri Simson, pide que hagan todo lo posible por tumbar el decreto. «Hacemos un llamamiento para que inicie de inmediato un análisis y se comprometa con el Gobierno para encontrar soluciones a los picos de precios de la energía que no distorsionen el mercado y salvaguarden la confianza inversora».
Por su parte, la agencia Standard & Poor's (S&P) alertó de que las medidas podrían frenar la inversión en renovables. Además «podría socavar la confianza de inversores y la asignación de capital, fundamentales» para el proceso de transición energética.
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