El parón de inversiones de Iberdrola siembra la intranquilidad en sus proveedores vascos

La misiva de Iberdrola es tan lacónica como contundente. Apenas unos párrafos para explicar que el 'decretazo' del gabinete de coalición sobre la remuneración de las instalaciones que no están gravadas por los derechos de emisión de CO2, o que se sitúan al margen de la escalada de precios del gas -hidráulica, solar y eólica, sin ir más lejos-, ha dejado en el aire la rentabilidad de los parques de generación renovable. Eólica y solar han visto reducida su estimación de ingresos de forma indefinida, en lo que el sector considera como «el enésimo cambio de las reglas de juego en mitad del partido». En ese contexto, Iberdrola ha decidido comunicar a sus proveedores que todos los equipos que no estaban aún contratados en firme pasan a una especie de limbo a la espera de ver cómo evoluciona la batalla contra los elevados precios de la energía eléctrica.

El mensaje ha sido recibido con notable preocupación entre las empresas vascas del sector de bienes de equipo eléctrico, industria en la que Euskadi ejerce un claro liderazgo ya que concentra el 85% de la producción nacional. Firmas como Siemens Gamesa, Ingeteam, Arteche, Ormazabal e incluso otras que caminan por una vía paralela y tienen un papel importante en la construcción de las nuevas instalaciones, como es el caso de Tamoin, acaban de recibir una mala noticia.

Como ya es conocido, entre las medidas que ha adoptado el Gobierno central figura penalizar las fuentes de generación que no están afectadas por el impuesto a las emisiones de CO2 o que no sufren los aumentos de precios del gas, en un intento de compensar la rebaja de la fiscalidad en la factura eléctrica. Y como todos los expertos resaltan, en el sector eléctrico cada vez que tocas una parte del esquema algo se viene abajo y, en este caso, es la expectativa de negocio con nuevos parques de generación renovable. Si no hay rentabilidad tampoco hay inversión, siguiendo un viejo y elemental principio en el mundo de los negocios. El Ejecutivo ha limitado la primera parte de la ecuación y ahora Iberdrola responde con una decisión que afecta a la segunda.

El consejero delegado de Iberdrola Renovables, Julio Castro, señaló ayer que en su opinión las medidas que ha adoptado el Gobierno para intentar combatir el aumento de la tarifa eléctrica «son la solución imperfecta en la que perdemos todos». En la misma línea, no dudó en señalar que el Ejecutivo «ha tomado decisiones equivocadas».

Numerosas fuentes justifican la decisión de Iberdrola como parte de una campaña de presión al Gobierno para que modifique su rumbo y adopte otras medidas para amortiguar el impacto de los altos costes de la electricidad. Muchos expertos habían avanzado ya que el camino elegido por el gabinete de Pedro Sánchez podía provocar una parálisis en las inversiones y que ello puede generar múltiples problemas. El impacto en los fabricantes vascos de bienes de equipo es un ejemplo de la reacción en cadena que puede producirse en el sector. Incluso, algunas fuentes aseguran que, aunque con menos publicidad, Iberdrola también ha puesto el freno sobre proyectos de futuro ligados a la tecnología del hidrógeno, entre los que figura la construcción de una planta de producción en Puertollano. En este caso, señalan las mismas fuentes, el mensaje no ha sido de paralización del proyecto sino tan sólo de «relajación» en los plazos.

Esa ralentización de los proyectos ligados al hidrógeno puede ser otra pieza de la misma cadena de acontecimientos. En realidad, de una espiral de decisiones con la vieja fórmula de la acción y la reacción. Así, se han extendido las especulaciones sobre la posibilidad de que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos conteste ahora con una actitud displicente en torno a los proyectos que la eléctrica quiere ligar a los fondos de recuperación europea. Un ámbito en el que Iberdrola ha hecho fuertes apuestas no sólo en la tecnología del hidrógeno, sino también en todo lo relacionado con la movilidad eléctrica. El reparto de buena parte de estos fondos está aún pendiente de que el Ejecutivo central haga públicas las convocatorias para la adjudicación de las subvenciones.