El Gobierno quiere sancionar a las instituciones que abusen de la temporalidad

Será la próxima semana cuando los responsables de este departamento -dirigido ahora por Miquel Iceta - se reúnan con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CC OO) para retomar la negociación sobre el futuro de los interinos. España tiene una tasa de temporalidad pública cercana al 30%, diez puntos superior a la del sector privado.

Esa realidad se nota sobre todo en los docentes y los sanitarios, cuya situación laboral depende de los gobiernos autonómicos. Una primera idea pasaría por la reforma del Estatuto del Empleado Público para introducir una cláusula que endurezca y sancione a las administraciones que excedan esa temporalidad.

Otra posibilidad pasaría por modificar la actual normativa en lo relativo a las pruebas de selección de funcionarios. Esto es, a que en los concurso-oposiciones tenga más peso la fase de méritos (los puntos que los interinos acumulan por haber desarrollado parte de su carrera laboral en esos puestos públicos, pero sin plaza fija) para conseguir que esa gran bolsa de hasta un millón de empleados asienten su condición de funcionarios y, por tanto, abandonen la precariedad.

Independientemente de las medidas que se tomen, los sindicatos entienden que el Gobierno debe afrontar este problema que ha ido incrementándose a lo largo de los últimos años. Más aún tras 2020, ejercicio en el que muchas pruebas quedaron paralizadas por la pandemia.

Los sindicatos recuerdan que en la última década se han destruido más de 100.000 puestos de trabajo. Y que incluso este año, solo entre enero y febrero, en plena tercera ola, la sanidad ha prescindido de 11.325 profesionales, según datos extraídos de la Seguridad Social. El plan que habían pactado las organizaciones sindicales con el último Gobierno de Rajoy pasaba por el objetivo de reducir la tasa de temporalidad pública hasta el 8% a través de diferentes acciones que quedaron suspensas y que ahora comenzarán a negociar con el ministro Iceta, después de haber avanzado tímidamente con su predecerosa, Carolina Darias.

El reloj corre ahora en contra de España, en plena negociación del plan de recuperación que daría acceso al país a 140.000 millones de euros de la UE, con cuentas pendientes como la de la temporalidad del empleo público, que sí o sí han de subsanarse. La sostenibilidad del sistema de pensiones y la reforma laboral son los dos escollos principales y dentro de este último, Bruselas presiona para que el Ejecutivo comprometa una hoja de ruta que permita poner fin a la elevada tasa de temporalidad laboral.

Los datos nacionales al respecto figuran en un extenso documento de trabajo del semestre europeo sobre la situación de España. Lo firma la Comisión y se emitió antes del estallido de la pandemia, con destino a la Eurocámara, el Consejo Europeo, el BCE y el Eurogrupo. Una veintena de folios diseccionan el mercado laboral, con demandas concretas al Gobierno y críticas a las políticas en esta materia.

Sin entrar en detalles, ayer mismo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrowskis, señalaba que la reforma laboral está siendo «uno de los temas de nuestras discusiones con las autoridades españolas» dirigidas a compactar un plan de recuperación que, una vez se presente formalmente, abra la puerta sin muchos problemas al flujo de ayudas excepcionales europeas.

«La utilización generalizada de contratos temporales puede explicarse por factores institucionales y prácticas ya establecidas (porque) el peso de la estacionalidad solo explica alrededor del 10 % de la diferencia respecto de la media de la UE». Bruselas subraya que «los trabajadores temporales afrontan riesgos mucho más elevados de pobreza» en situación de empleo.