El Gobierno pretende mantener el decreto pese a la presión de las eléctricas

A medida que han avanzado los últimos días, la tensión entre el propio Gobierno y las compañías del sector se ha hecho patente. La cara más visible de ese descontento con el decreto que salió de La Moncloa hace ahora un mes es el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que ha llegado a calificar de «terrorismo legislativo» esa norma por la minoración de los ingresos que perciben las empresas, incrementados por el alza del coste del gas, de la que, según el Ejecutivo, se benefician indirecta e indebidamente de forma millonaria.

Galán será, junto al presidente de Naturgy, Francisco Reynés, el último ejecutivo del sector que se reúna con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Será hoy, sólo un día antes de la votación en la Cámara baja del decreto de recortes que sigue intacto su camino parlamentario. Desde Iberdrola insisten en su actitud «dialogante» para resolver un conflicto enquistado en los últimos días.

Aunque en las eléctricas ha sentado mal el decreto y en el Gobierno no esperaban una reacción tan airada del sector, fuentes del Ejecutivo insisten en que es hora de que las compañías «arrimen el hombro» en un contexto como el actual, condicionado por una crisis energética de precios que azota a toda Europa en general y a España en particular. También aluden a la «responsabilidad corporativa» que tienen estos grupos ante la sociedad y los territorios en los que operan habitualmente. De hecho, sostienen que la actitud de las empresas «choca» con los intereses de sus propios clientes, tanto particulares como empresas, que están viendo cómo se incrementa el importe de sus facturas.

En la ecuación parlamentaria de cara a la aprobación del plan de ajuste salido del Consejo de Ministros también entra la posición del PNV, uno de los socios preferentes del Gobierno de coalición. El interés de Iberdrola en el País Vasco es histórico y las relaciones que mantiene con el Ejecutivo de Vitoria, también. Esas relaciones pueden abrir la vía por la que la empresa encuentre la fórmula para que Transición Ecológica pueda cambiar una parte del decreto. Sin embargo, al mismo tiempo, la vicepresidenta Ribera cuenta con la presión de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, reacio a cualquier cambio que no implique una merma de los ingresos para las energéticas en un momento como el actual de recibos de la luz en máximos.

Una de las claves del éxito o fracaso de las conversaciones entre Gobierno y energéticas se encuentra en la aplicación de las sentencias judiciales pendientes de cumplir por parte del Ejecutivo, en las que el Tribunal Supremo obligaba a devolver importantes cantidades de dinero al sector por la reforma de 2013 realizada por Mariano Rajoy.

Iberdrola estima que el impacto de la minoración de los ingresos del gas será de 500 millones de euros en 2021 y 2022 y otros 350 millones el próximo año por el CO2. Con todo, la compañía considera que estas medidas serán compensadas en gran medida por el efecto favorable de la devolución del canon de las hidráulicas, que podría suponer para el sector recuperar en torno a 500 millones de euros. Pero por el momento no hay visibilidad del calendario de dicha recuperación ni los importes correspondientes a las compañías.

El Supremo anuló a mediados de mayo la retroactividad del canon hidráulico de 2013 y 2014, que el Gobierno del PP impuso a las eléctricas en 2015 por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica.

Además, el BOE publicaba ayer que Transición Ecológica ejecutará diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación con las refacturaciones de los suplementos territoriales de 2013, con lo que deberá abonar a las empresas recurrentes dicho coste. En concreto, deberá pagar por los costes por refacturación a Naturgy, Iberdrola, Repsol y EDP España.