La difícil papeleta del PNV con el decreto de las eléctricas

Pero el polémico real-decreto de la ministra Teresa Ribera, que asesta un 'hachazo' a las eléctricas al detraer sus beneficios extraordinarios para rebajar la desbocada factura de la luz, ha situado al PNV entre la espada y la pared, con una compleja papeleta por resolver ante sí. Pendiente, es posible que hasta el último momento, del sentido de su voto en la convalidación del texto el jueves en el Congreso y sumamente preocupado por los efectos del terremoto que las medidas adoptadas por el Gobierno han provocado.

Por un lado, asustan, y mucho, a los jeltzales las repercusiones en la industria vasca tractora -«la que tira de la recuperación económica» en Euskadi, lamentan-, acogotada, como demuestra el caso de Sidenor, por la decisión de las eléctricas de repercutir la penalización del real-decreto en los contratos a precio fijo con grandes empresas. La mejor prueba es la nota remitida ayer por el departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, que pide al Ejecutivo central que actúe de manera más contundente para apoyar a la industria ante la escalada de la electricidad y el gas.

La consejería que dirige Arantxa Tapia ha estado trabajando en un informe en el que se concretan medidas para paliar el golpe, que presentará mañana en el consejo de Gobierno, y el viernes se reunirá con los sectores afectados para debatirlas. El miércoles, en el pleno de control, Aitor Esteban preguntará a Sánchez «cómo piensa solucionar» la repercusión de la escalada de precios en la competitividad de la industria.

Por otro, preocupa la guerra que ha emprendido el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, contra el Gobierno de Sánchez, al que acusa de intervencionismo y de propiciar una «inseguridad jurídica» letal para el funcionamiento de la economía. La decisión de la eléctrica de congelar la mayor parte de las inversiones en renovables y, con ello la compra de equipamiento -tenía previsto invertir 7.500 millones de euros en este sector hasta 2025-, ha encendido todas las alarmas en Sabin Etxea.

Por si fuera poco, la merma en la cuenta de resultados de Iberdrola, uno de los principales contribuyentes vascos, afecta de manera determinante a la recaudación fiscal. «Es un tema muy sensible para nosotros», reconocen en el EBB, que ya pactó con el Gobierno del PP en 2017 un cambio en la tarifa eléctrica que supuso un ahorro de unos 50 millones de euros anuales para casi 800 empresas vascas. «Está muy bien ir contra las eléctricas, como Bildu, pero también hay que construir carreteras y residencias y que funcione Osakidetza», abundan, en alusión a la campaña de la izquierda abertzale contra el «robo» energético.

Hasta ahora, el PNV ha optado por hacer equilibrios en el alambre. En el acto que compartieron Galán y el diputado general de Bizkaia la semana pasada, Unai Rementeria pidió que «todo el mundo esté a la altura de las circunstancias». Ahora llega la hora de la verdad y el PNV está a la expectativa de los cambios que el Gobierno pueda introducir en el decreto tras las reuniones con las eléctricas, singularmente la de mañana con Iberdrola. Están convencidos de que, tal y como está, perjudica a las empresas, por lo que, pese a su cercanía a Sánchez, es difícil que puedan apoyarlo. El Gobierno podría convalidarlo con la abstención o incluso con el 'no' del PNV si logra la suma de toda la izquierda y de otros grupos minoritarios.