Los expertos coinciden en que Euskadi no tendrá Impuesto de Fortunas

Los Gobiernos central y vasco acordaron el pasado miércoles concertar el nuevo Impuesto de Grandes Fortunas. Esto supone la reforma del Concierto Económico -se abordará en las próximas semanas en el Congreso-; admitir que las diputaciones y las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa tienen capacidad para elaborar su propia legislación sobre este asunto y, en su caso, recaudar lo que corresponda de los contribuyentes afectados. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, admitió minutos después de alcanzar ese pacto que 2022 terminaría sin que hubiese una legislación en vigor en Euskadi que regule ese nuevo tributo. No así en el resto de comunidades autónomas, donde se aplicará según el valor que tengan los patrimonios el próximo día 31 de diciembre.

La tesis del catedrático Zubiri -«si quisieran ya lo hubiesen hecho»- no es una mera especulación. Tiene su contraste en la decisión del Ejecutivo foral de Navarra, que aprobó el pasado mes de noviembre la modificación del Impuesto de Patrimonio, para elevar los tipos de gravamen por encima de los 3 millones de euros. Exactamente el punto a partir del cual nace el de Grandes Fortunas.

¿Qué sucederá en el País Vasco en relación al ejercicio de 2022? No hay respuesta oficial porque todo está pendiente de la negociación política que desarrollen PNV y PSE en los próximos meses. «Legislar con carácter retroactivo en este tipo de cosas es como poner una alfombra roja para que sea declarado inconstitucional», advierte Pablo Sanz, socio, miembro del comité de dirección de Ernst & Young y responsable de la firma en la zona norte. «Legislar con el ejercicio cerrado y tomar decisiones que perjudican al contribuyente no tiene una buena estética, la verdad», admite Zubiri.

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Más allá de cuestiones políticas, el catedrático insiste en que «no se va aplicar en el País Vasco porque no tiene sentido», aunque comprende las razones que han llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a promover su aprobación. Una decisión que persigue acabar con la competencia fiscal que ha desplegado Madrid con su oferta de 'gratis total' en el Impuesto de Patrimonio, a la que se había sumado ahora Andalucía y también Murcia.

Todos los expertos consultados por EL CORREO coinciden en dibujar la hoja de ruta, relativamente sencilla, que seguirán en los próximos meses las diputaciones forales para cumplir un doble objetivo: que el Impuesto de Grandes Fortunas esté en vigor en Euskadi, con normativa propia, pero que no tenga efecto alguno. Aunque pueda parecerlo no es magia, sino simplemente técnica legislativa.

Todo apunta que, al menos el PNV, va a apostar por elaborar normas forales del Impuesto de Grandes Fortunas calcando el texto y la escala de gravamen del Impuesto de Patrimonio. Esto es, el mismo sistema de calculo -un elemento común con la legislación del Estado-, pero con la misma escala de gravamen. Como ambos tributos son complementarios -lo que se paga de Impuesto de Patrimonio se descuenta del de Grandes Fortunas-, esa fórmula daría como resultado que los contribuyentes vascos solo tendrán que liquidar el primero de ellos.

Todo queda ahora a expensas de la negociación política entre jeltzales y socialistas en un escenario complejo. El PNV jamás ha admitido copiar la legislación estatal de un impuesto directo en sus normas forales -IRPF, Sociedades, Patrimonio o Sucesiones son distintos-, porque como han argumentado en numerosas ocasiones «sería tanto como relegar a las Juntas Generales a convertirse en meros amanuenses que copian los textos». Mientras tanto, el PSE exige ahora esa traslación a Euskadi del impuesto aprobado en el Congreso, para evitar que se alimente la dialéctica de los privilegios y los agravios comparativos, en especial en manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.